En varios trabajos periodísticos de este diario se ha insistido sobre la necesidad de desarrollar una política pública general sobre el uso del agua tras la aprobación de la ley respectiva. Ahora mismo hay una propuesta desde el Ejecutivo para cobrar por el desperdicio o uso no adecuado del líquido por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.

Y sí: ese desperdicio alcanza porcentajes alarmantes y no hay forma de evitarlo si no se toman medidas de esta naturaleza. No hay una iniciativa concreta desde esas entidades territoriales para actuar con urgencia. De hecho, hay que considerar que en algunos sectores y en determinadas temporadas hay poblaciones que carecen de agua y la sequía afecta no solo la producción agrícola, sino la calidad de vida de las personas.

Si bien la Ley de Aguas ha definido unos conceptos y unas políticas, es vital para todo el país que los municipios adopten medidas claras, concretas y efectivas para que el consumo sea a favor del bienestar general. (O)