El sindicato es una conquista histórica del movimiento obrero y, por ende, una institución política. A pesar de lo complejo, no es lo mismo un sindicato en una empresa privada que uno en el sector público, como bien lo explicó el domingo pasado el presidente Rafael Correa en su artículo publicado en este diario. Y eso, que parece simple, no está en la reflexión de quienes proponen una similitud en las demandas y en la legislación para la ‘defensa’ de los derechos de los trabajadores en los dos sectores. Es cierto: el Estado no es una empresa que busca rentabilidad, lucro o enriquecimiento.

Al contrario, su función fundamental es la defensa de los intereses de la sociedad y el servicio a los ciudadanos. De ahí que comparar y equiparar la misma lógica del sindicalismo en la empresa privada con lo público no cabe, por más complejo que parezca. El sindicalismo público debe defender los derechos de los obreros, pero no usufructuar políticamente de su condición, ni para fines electorales.