Pasaron 10 años y nunca se les pagó a los jubilados
El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, acudió el miércoles 24 de julio de 2019 a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
Llegó con información documentada sobre el plan para pagar a 6.900 jubilados del magisterio, tal como está considerado en el Presupuesto, es decir, $ 350 millones, de los cuales $ 110 millones serán desembolsados en efectivo y lo restante en bonos del Estado, plenamente respaldados por el Banco Central del Ecuador.
Además, los bonos se pueden invertir y negociar en la Bolsa de Valores. Llegó abierto para entregar toda la información, tanto a los asambleístas como a los jubilados; pero se encontró con lo más exacerbado de un gremio que durante 10 años recibió toda clase de agresiones desde el poder.
Un poder que no admitía cuestionamientos, que perseguía y enjuiciaba, tampoco pagaba, pese a que administró la década con un petróleo superior a los $ 100 por barril y que además dejó de pagar al IESS el aporte anual del 40%. Los maestros de esa década nunca congeniaron con ese Gobierno y recibieron a cambio la congelación de sus ingresos; y también les quitaron el Fondo de Cesantía del Magisterio, que tenía $ 405 millones (ese fondo lo recuperaron la semana pasada). En la comparecencia el ministro escuchó una descarga de agravios, que no respondió, porque sus argumentos eran técnicos y no demagógicos, democráticos y no autoritarios.
Entre tantas herencias, el actual Gobierno recibió la deuda por jubilación de los maestros que suman $ 1.200 millones, de los cuales se han pagado $ 653 millones. La misma Red de Maestros Jubilados reconoce que las deudas se remontan a 2008. El ministro explicó a los asambleístas la disposición del Gobierno Nacional de pagar la deuda, no solo a los maestros, sino también a otras 50 instituciones.
Martínez ha reducido el déficit fiscal y en su plan prefirió tomar la ruta del crecimiento económico. Por lo pronto, con los escasos recursos disponibles, priorizó el pago a los mayores de 70 años y a quienes sufren enfermedades catastróficas o alguna discapacidad. (O)
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