En vez de ser una pregunta, el titular de este editorial debería ser una afirmación. Pero, al parecer, las dudas siguen sobre el tema: ¿hasta cuándo los centros deportivos que maneja el Comité Olímpico Ecuatoriano constituyen un “botín” intocable sin garantizar, ante todo, la calidad de sus instalaciones, la atención plena a los deportistas y el aseguramiento de su trabajo?

Nadie duda que se ha hecho mucho en Ecuador durante los últimos años, pero no por eso se puede constituir en un feudo para lanzar ofensas, verdades a medias, que son recogidas por medios de información muy interesados en la confrontación política contra el Gobierno.

Es fácil llamar a una rueda de prensa, mostrar papeles y no explicarlos, para luego estar en todos los titulares de un modo grotesco. Lo difícil es sostener jurídicamente las aseveraciones. Por supuesto, cierta complicidad mediática ayuda en eso, porque no se contextualiza, se da por hecho o como palabra sagrada y se pierde el sentido crítico del ejercicio periodístico.

Lanzar al aire frases como “presidentes de papel”, “se quieren llevar todo”, “aquí no se respeta la ley”, debatir “sin barras” o “no se llevarán la tecnología y la experiencia” revelan a un dirigente que no rinde cuentas de sus actos más allá de sus consabidas arrogancias y prepotencias, quizá sobredimensionadas por el cobijo de ciertos poderes tradicionales.

Lo de fondo es otra cosa: los deportistas de élite, como en cualquier país, requieren condiciones e instalaciones adecuadas, que al parecer el Comité Olímpico Ecuatoriano ha descuidado. Si arrienda un local, el dueño tiene la obligación de velar porque se lo use adecuadamente, aunque rija un contrato. Es más, si no lo cuida y lo deteriora, sin descontar que ahí se entrenan seres humanos, ¿no hay motivo para la fiscalización pública? ¿Eso es ilegal?