El terremoto del pasado 16 de abril abre algunas discusiones, agenda temas pendientes y revela -además- cómo trabajan los gobiernos locales. De hecho, lo más grave es cómo controlan, regulan, administran y atienden las llamadas zonas de riesgo. Primero, porque son esos espacios territoriales donde no se puede construir y mucho menos autorizar la presencia de viviendas sin regulación o control técnico.

Segundo, porque siendo tales, ahí deben plantearse otro tipo de proyectos y planes. Tercero, si ya existen viviendas, invasiones o proyectos, es de absoluta responsabilidad de municipios y prefecturas preservar la vida de los habitantes, trasladarlos a otras zonas y definir qué se hace ahí. Por el puro y más perverso clientelismo, varios alcaldes hicieron de la legalización, rellenos y formalización su plataforma política con fatales consecuencias.

Por tanto, ya es hora de afrontar estos temas con la mayor responsabilidad, provocar el debate necesario y llegar a soluciones concertadas en función del Buen Vivir. Las tragedias dejan lecciones duras, pero a la vez abren oportunidades plenas. (O)