La corrupción capta tal nivel de interés social, que copa el espacio dominante de la prensa nacional e internacional. En el caso ecuatoriano, el aporte criollo radica en el espectro variopinto de sus actores: políticos y funcionarios públicos del más alto nivel; inescrupulosos intermediarios familiares; oscuros tecnócratas empotrados en instancias decisivas del Estado; corruptos voraces disfrazados de expertos angelicales; expertos incoloros que van a misa a expiar sus penas de corrupción, etc.

Para comprender la conexión histórica entre poder político y corrupción, un elemento de reflexión es el discurso político como tal. Nunca se ha oído ni una discrepancia sobre “la necesidad de luchar contra la corrupción”. Incluso desde la cárcel muchos políticos defienden esta divisa y cobijan así su inocencia incomprendida. Al ser así, la diferencia radica en el valor moral y ético del discurso de quien lo pronuncia.

Porque, definitivamente, no es lo mismo creer en la palabra de un delincuente de cuello blanco, que en la de un estadista que se pone en el centro del tablero y agarra al toro por los cuernos. No tiene el mismo valor quien habla en versión tarimera, que el cumplidor de la ley delante y detrás de las cámaras. Esa es la diferencia que la sociedad ecuatoriana tiene cada vez más clara.

En la última década, en lo esencial, el discurso desde el poder ha sido el mismo que el de la era precedente: combatir la corrupción, con las variantes del caso: “o morir en el intento”, o “ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Ahí están los resultados.

Hoy, Ecuador no aguanta más el engaño y la traición a sus intereses vitales y toma la palabra a la clase política: exige resultados tangibles. El país lo necesita. El país lo exige. El país agradecerá. (O)