Analistas, plumíferos y escribanos, alineados con la antihistoria y el juego perverso de la infamia para atacar a un gobierno democrático, se han dedicado durante esta semana a confundir a la ciudadanía y pervertir el significado del término “celebración”, con el que -según ellos- el régimen ha dedicado presupuesto y tiempo para “festejar” la muerte de inocentes caídos durante los lamentables hechos ocurridos durante el secuestro e intento de asesinato del Presidente Constitucional de la República.

La estrategia lanzada a los cuatro vientos evidencia el discurso  cansino y antipatria de los mismos confabulados que hace un año pedían la salida del Presidente, en contubernio con los medios privados de comunicación, constituidos también en actores políticos.

No hemos olvidado que la Asamblea Nacional se transformó en uno de los escenarios del intento golpista, a través de la coordinación entre policías amotinados y determinados legisladores. Y lo que no se atreven a decir, doce meses después, es que los caídos merecen ser honrados y los golpistas juzgados, para que esta fecha de triste recordación -perdón por el lugar común- jamás se borre de la conciencia colectiva del país.

El grado de participación de quienes encubrieron y esperaron pacientemente que las acciones subieran de tono para sacar la cabeza de sus agujeros, otear el horizonte y asegurarse de que el plan había fracasado, será revelado por una nueva indagación ordenada por el fiscal Galo Chiriboga.

Los hechos permitirán conocer cuál fue su nivel de intervención. Los hechos del 30 de septiembre de 2010 fueron protagonizados por un grupo de uniformados en demanda de correcciones a una ley que ni siquiera habían leído.
Es inocultable que fueron instrumentos detrás de quienes se camufló el intento de golpe de Estado, impulsado por un sector político derrotado.

El pueblo ecuatoriano salió ese día a las calles para defender la democracia, y aquello es  digno de conmemoración.