El informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense abunda en detalles, pero también omite páginas para no revelar toda la realidad de una denuncia que era conocida, pero no tenía el sustento político y legal que ahora le ha dado esa instancia legislativa.

Durante siete años hubo pruebas, denuncias e indicios de que el aparato de inteligencia hizo lo que le vino en gana con los prisioneros, sean o no declarados culpables por supuestos delitos de terrorismo. Bien, pero esta grave acusación contra un gobierno deja en entredicho qué va a pasar en los foros internacionales con las exigencias de EE.UU. al resto del mundo.

¿Con qué autoridad moral y política va a pedir respeto a los derechos humanos? ¿La CIDH hará algo para demandar la sanción por estos crímenes de Estado y de lesa humanidad? Imposible, porque EE.UU. no ha firmado ningún acuerdo o pacto, como sí lo han hecho Ecuador y otros países del continente, a los que los voceros de Washington suelen señalar con el dedo sentenciador.