La denuncia del presidente Rafael Correa es muy grave. Si hasta el 8 de octubre pasado una compañía de seguridad, como parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, daba protección y a la vez servicios de inteligencia (lo que supone proveer de información para sus fines políticos y comerciales), ¿cómo se explica y justifica? ¿Tiene lógica brindar servicio a la transnacional que enjuicia al Estado y que, además, no quiere pagar la indemnización a una comunidad afectada por el derrame petrolero más grave de la historia de este continente? ¿Solo se justifica porque esa empresa pagó tres millones de dólares por esos servicios y con ello había un ingreso en esa institución pública? No, debe haber una explicación y una sanción a quien hizo esto.