Las estadísticas son una referencia y herramienta válidas. Sin lugar a dudas. Y el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil ha mostrado unos datos muy interesantes, que la prensa privada no destacará y menos hará alarde, a pesar de que es importante para la ciudadanía saber que el número de delitos en Guayaquil ha disminuido entre los años 2010 y 2011.

En promedio, los delitos disminuyeron -según esa fuente- en un 4,61%. Entre ellos bajaron el secuestro exprés, la tentativa de asesinato y los homicidios. Igualmente subieron los delitos por heridas y lesiones y (aunque se lo considera una penalidad, habría que matizarlo) el abandono de hogar.

Y hay otro dato relevante: el 20,83% de los delitos se cometió, durante el año 2011, en el sector de la avenida 9 de Octubre.

¿Fue necesaria la aplicación de la pena de muerte para que se redujeran los delitos, como demandaban ciertos sectores fundamentalistas del Ecuador y de Guayaquil? ¿Hay cadena perpetua? No, lo que hay es un trabajo más eficiente y coordinado.

También hay políticas públicas claras y una “arremetida” contra los jueces corruptos que dejan libres a los autores confesos y encontrados in fraganti en sus fechorías. De eso no debe haber ninguna duda.

Por lo mismo, la discusión de la lucha contra la delincuencia no puede ir a los extremos: ni condenas que no se puedan cumplir ni tampoco resarcir a la sociedad, pero mucho menos la impunidad bajo el emblema de los derechos humanos.

Si las estadísticas sirven para explicar las cosas, los fenómenos sociales y los cambios en la justicia, lo que ahora tenemos a la mano revela cómo se puede combatir una situación grave con resultados exitosos.

Sin embargo, que existan cifras altas, en algunos delitos, solo obliga a las autoridades a no levantar el pie del acelerador, ser más incisivos, pero también monitorear los factores soci