Si la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) ha clausurado 67 centros de rehabilitación entre 2018 y enero de este año y concluye que la mayoría funcionaba clandestinamente, significa que el problema de la adicción y consumo de sustancias estupefacientes es más grave de lo que se creía o de lo que indican las estadísticas.

Como se conoce, el microtráfico de drogas comienza en las calles, a la salida de los colegios, en los parques y en todo espacio público al que acuden los jóvenes. Por eso es tan dramático el relato de padres de familia que perdieron a sus hijos bajo las llamas de un incendio en uno de esos centros de rehabilitación en Guayaquil.

De las investigaciones iniciales se establece que la mayoría de esos centros son clandestinos. Pocos tienen la categoría de legales o autorizados por las autoridades de salud. De los autorizados, la provincia de Azuay, con 14, concentra el mayor número, le siguen Guayas y Los Ríos con siete, Pastaza y Manabí dos y, con uno, Imbabura, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Santa Elena y Cañar.

Para evitar caer en un centro clandestino es necesario seguir algunos pasos; los hogares con algún familiar adicto a las drogas deben llamar al 171 para programar una cita en la cual se practicará una evaluación médica y psicológica, de allí saldrá un diagnóstico y se definirá el tipo de tratamiento que se requiere.

Un tratamiento con todo el rigor científico puede marcar la diferencia y evitar lo que ocurrió el viernes anterior al incendiarse la clínica “Por una vida nueva”, localizada en el suburbio de Guayaquil, que causó la muerte de 18 jóvenes. Eso ocurrió durante el período que los expertos califican como síndrome de abstinencia, que consiste en la suma de efectos corporales que ocurren cuando la persona deja de consumir drogas.

Esa etapa es vital para la recuperación, debe ser tratada cuidadosamente por profesionales calificados y en locales que garanticen la seguridad de los pacientes.