Hace muy pocos días el Servicio de Rentas Internas (SRI) había informado sobre auditorías efectuadas entre 2010 y 2016 a un total de 512 empresas fantasmas, que habían registrado 2.130 transacciones ficticias, con un perjuicio al Estado por $ 655 millones. De ese monto se recuperaron $ 370 millones.

Las investigaciones no quedaron allí y ahora la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el SRI informan que fue desarticulada una red que desarrolló 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas a 5.954 clientes.

El perjuicio al Estado se calcula en $ 200 millones, que es el equivalente, por ejemplo, de lo que costó al IESS el nuevo hospital del sur de Quito o lo que corresponde al presupuesto anual de una secretaría de Estado.

La evasión es uno de los actos de corrupción más detestables que afectan a la sociedad. A modo de referencia, el monto del fraude denunciado es seis veces más grande que toda la trama de corrupción que sembró Odebrecht en el país. (O)