Difícilmente alguien puede cuestionar la capacidad y prestigio profesional de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ). Cada uno tiene una trayectoria que quizá no gusta a esos tradicionales juristas y hasta “figuras” que se creían predestinados a ocupar esos cargos.

Por su juventud y experiencia -además de su formación académica y profesional- Ecuador debe confiar en su gestión y responsabilidad públicas. Eso sí, bajo la lupa de la ciudadanía y los poderes encargados de su fiscalización y evaluación.

Y por lo mismo tienen dos grandes retos, trascendentes, fundamentales e históricos. El primero: profundizar la transformación (física y estructural) de la administración de justicia. Esto, que parece poco, ya tiene una exigencia: sobrepasar lo hecho por el Consejo de Transición en estos últimos 18 meses. No solo que se ha hecho bastante, también se ha generado un valor simbólico importante: devolver la confianza de la ciudadanía en la justicia. Algo que estaba en la boca de muchos políticos tradicionales, pero que nunca se cumplió.

El otro gran reto, aunque parezca menor a ojos de los escépticos: asegurar un largo proceso de aplicación “justa” de la justicia, a todo nivel y en el menor tiempo posible. Es decir: no hay cómo ceder en nada para que dicha aplicación sea oportuna, con los mejores argumentos y herramientas, sin descontar que se garanticen los recursos y talentos para ese propósito.

No será un trabajo fácil. Hay una “costra” difícil de arrancar en algunos niveles de la administración que impide (porque no les conviene a quienes se benefician) superar esta larga y penosa etapa de una justicia politizada, corrupta, lenta y mediocre. Y la misma sociedad se debe comprometer con este propósito colectivo.