El Consejo de Participación Ciudadana cumplió un mes
El nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cumplió un mes desde que fuera creado tras la consulta popular y referéndum aprobado mayoritariamente en las urnas el 4 de febrero pasado. Si se tuviera que hacer un balance, este se resume en dos grandes decisiones: la destitución del Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, siete meses antes de que termine su período; y del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera.
Además de estas dos acciones el Consejo ha recibido un poco más de 180 denuncias que deben ser resueltas en un plazo relativamente corto, porque el límite que se impusieron los comisionados para trabajar fue de seis meses.
A las denuncias y a las destituciones se suma otro asunto no menos importante como el de anular los concursos que se encuentran en proceso de selección de fiscales y judiciales, que ya ha recibido algunas críticas y rechazo, incluso del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Según el titular de esa función, la resolución del Consejo de Participación no se ajusta al mandato popular de la consulta. “Ningún texto le da la potestad a este organismo de mutilar las competencias de la Función Judicial”, manifestó Jalkh y eso merece una lectura cuidadosa sobre las decisiones que se toman en los más altos organismos del Estado. El Consejo tiene sus razones, la Judicatura las suyas y es obligación de todos deponer actitudes y posturas personales para alcanzar acuerdos que no generen inquietudes en el ámbito político.
En total fueron tres concursos los que se interrumpieron: selección de agentes fiscales, designación de fiscales provinciales y elección de servidores administrativos. En esos tres procesos participaron 52.000 postulantes. Según la Constitución, los fiscales provinciales deben ser reemplazados cada dos años y ese plazo caduca el 2 de mayo. El presidente de la Comisión, Julio César Trujillo, en cambio, cree que el concurso es “amañado”. Dos puntos de vista divergentes que deben resolverse en derecho, así es la democracia. (O)
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