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El Telégrafo

Sentenciado por recibir un millón de dólares de Odebrecht salió de prisión

07 de agosto de 2020 - 00:00

Confesó que lavó activos. Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, se declaró culpable de ese delito el 1 de marzo de 2018 y fue sentenciado a cinco años de prisión.

Él se llevó un millón de dólares a cambio de conseguir que el régimen de Correa le adjudique un contrato a la empresa Odebrecht. La obra era la construcción de la central hidroeléctrica Toachi Pilatón (2007) que tuvo un costo de alrededor de 700 millones de dólares y que aún no se termina.

Pero Mosquera ya está en prelibertad desde el pasado 31 de julio gracias a la orden de un juez Jaime Andrade Jara, de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de ese cantón. La autoridad judicial también dispuso que le coloquen un grillete electrónico, mientras cumple el resto de la pena.

El exministro de Electricidad estuvo detenido desde el 24 de abril de 2017 en la cárcel de Turi, en Cuenca. Él dijo en su declaración ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia que “recibió el dinero de Odebrecht, pero luego de asesorar sobre el camino que debía tomar la empresa para seguir con sus actividades en el país”.

La Fiscalía confirmó que este exfuncionario recibió un millón de dólares de la constructora brasileña, en 2008, a través de la empresa offshore Klienfeld, utilizada con pantalla por Odebrecht para pagar sobornos y así obtener contratos de grandes obras públicas en Ecuador y en otros países de la Región.

Correa todavía era presidente de la República (abril 2017) cuando Mosquera fue apresado y justificó el pago de ese millón de dólares de Odebrecht a su exministro de Electricidad. Según Correa, “era un acuerdo entre privados y rechazó que haya sido una coima o un soborno”.

Junto con el exministro de Electricidad también fue sentenciado su padre, Antonio Mosquera. Él recibió una pena de tres años de prisión que la cumplía con arresto domiciliario por su edad. Además, los Mosquera debían indemnizar al Estado con 2 millones de dólares, por el delito cometido. Pero hasta ahora no se conoce nada sobre ello.

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