Con la posesión de una nueva Asamblea Nacional, dirigida por tres jóvenes mujeres de diferentes zonas del país, y con una consolidada mayoría del movimiento oficialista, la hoja de ruta sobre las leyes que garantizan el bienestar común en el plano económico, productivo, financiero y social, debe agilizarse sin más postergaciones ni trabas.

Recordemos que durante el proceso de aprobación de la Ley de Redistribución del Gasto Social, que entre otros aspectos, viabilizaba el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de 35 a 50 dólares y donde el Ministerio rector de la inclusión económica y social fortalecería su acción en las zonas de frontera y en la región Amazónica, para priorizar que el BDH llegue a los adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, tuvo varias abstenciones y votos negativos que reflejaban el afán de varios grupos de oposición por frenar procesos sociales de redistribución económica.

Además, esta Ley significó un cambio en la matriz de poderes, pues implicaba el incremento en el pago de impuestos para las instituciones bancarias que solo pagaban el 13% de Impuesto a la Renta (RI) y que desde ese entonces pagan el 23%, como lo hacen empresas de otros sectores. Por otra parte, y como un legítimo ejercicio de rendición de cuentas, la Ley establece el pago del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los servicios financieros y las multas económicas para las entidades financieras que no entreguen información al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los movimientos de sus clientes.

Por ello, cuando la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la cuencana Rosana Alvarado, señalaba: “Aquí (en el salón Plenario de la Asamblea) sacrificaron la soberanía de la patria al votar por los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), al preparar el salvataje bancario. Aquí atracaron al pueblo, pero se acabó, nunca más la ignominia ni la opresión”, se reconocía y priorizaba en la nueva agenda legislativa temas que merecen particular atención, como los TBI, que hasta al momento le han costado al Estado ecuatoriano 94 millones de dólares. Esta Asamblea tiene un enorme reto que afrontar: agilizar las leyes en el marco del bien común y el Buen Vivir.