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No siempre el interés individual genera un bienestar colectivo

15 de abril de 2013 00:00

Cuál es el rol de una empresa privada frente al Estado, en tanto sus acciones deben orientarse y coordinarse a una agenda nacional que garantice el Buen Vivir para todos y todas? ¿Por qué todavía se piensa (y asume) que las actividades del sector privado están divorciadas de las políticas públicas sociales? ¿Qué herencia arrastran las empresas para que se produzca el imaginario de que solo velan por el lucro individual? ¿Por qué es necesario replantear ese caduco concepto de la “responsabilidad social empresarial”, en el cual el aporte privado consiste en una transferencia mínima de recursos (y muchas veces a manera de caridad) que no aportan significativamente a una real transformación de las inequitativas relaciones de poder social y económico?

Históricamente, desde el sector privado, la consigna ha sido: reducir el papel regulador del Estado y apuntar a la eficiencia que produzca mayores niveles de utilidad, minimizando costos (entre ellos, los salariales), pues así se generarían las condiciones adecuadas para un desarrollo integral de la sociedad, a través del empleo que estimulan.

Este comportamiento es herencia de la teoría más ortodoxa del pensamiento económico, en la cual, y con Adam Smith como su vocero, se señalaba que: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno para emplear con mayor ventaja el capital del que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común; pero esos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal (...) Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aún conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera solo medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto sea del mayor valor que pueda, solo piensa en su ganancia propia; pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención”.

El problema es que las empresas suelen confundir responsabilidad social empresarial, con producir eficientemente, pero en condiciones precarias. Es decir, con jornadas laborales extendidas, flexibilización en el trabajo, tercerización y exoneraciones tributarias, entre otras.

Además, en los últimos años, la empresa privada ha ejecutado grandes negocios en el Ecuador, lo cual ya serviría para cuestionar la idea de que tienen un Estado regulador enemigo. En las actuales condiciones políticas y económicas, no solo que han generado utilidades como nunca antes, sino que ahora están obligados a pagar impuestos de manera progresiva, salarios mínimos vitales y, más que nada, a asegurar a sus trabajadores y trabajadoras. Esta, sin que sea una obligación impuesta desde el Estado, debería ser su aporte voluntario al bienestar colectivo.

Es necesario, más allá de una ligera responsabilidad social, asumir un compromiso ético con la gente.

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