Una de las necesidades urgentes es la dotación de agua potable y evitar el hacinamiento en los albergues

En San José de Chamanga se busca implementar radios comunitarias de alerta

- 07 de junio de 2016 - 00:00
Los proveedores de agua venden a un dólar el tanque de 55 galones y muchas veces no la procesan.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo

El objetivo es producir mensajes informativos sobre potenciales réplicas y tsunamis. Además, generar contenidos educativos que ayuden a los habitantes a superar las secuelas del terremoto.

El principal albergue de San José de Chamanga, parroquia rural ubicada al sur del cantón Muisne, acoge a 1.016 personas tras el terremoto del 16 de abril y sobrepasa los límites de su capacidad. Según las normas de convivencia básica, en ese sitio debería haber entre 400 y 500 damnificados, y contar con espacios recreativos (limitados actualmente) para que los niños practiquen deportes o jueguen.

Una de las medidas que se implementan, a más de un mes y medio del desastre natural, es la construcción de la segunda fase de ese albergue para desconcentrar a la gente e incluir, por ejemplo, una cancha de fútbol. Así lo informó el equipo de Ministerio de Ambiente (MAE), responsables de la zona desde el Gobierno Central.

San José de Chamanga, según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, registraba 4.254 habitantes, dedicados, sobre todo, a la pesca y a actividades agropecuarias para la subsistencia. Hoy se estima que la población está cerca de los 5 mil habitantes y que, tras el terremoto, entre el 80% y 90% de las construcciones colapsaron y no hubo muertos, solo un hombre que perdió una pierna.

César Cárdenas, representante de la Fundación Mi Cometa (asentada en Chamanga desde que sucedió el sismo), señala que uno de los principales problemas, además del hacinamiento en varios refugios de la  localidad, es la recurrencia de parasitosis en los niños, debido a la escasez de agua potable y a que los tanqueros que venden el líquido vital no lo procesan.

“Hemos descubierto que los tanqueros cogen el agua directamente del río, sin ningún tratamiento, y venden a un dólar el tanque de 55 galones. Esa agua del río puede tener contaminantes, pesticidas de cualquier naturaleza. Se debería obligar a los tanqueros, ya que ganan dinero, a que procesen el agua, que al menos pongan cloro, alguna cosa”, señala Cárdenas.

Chamanga tiene vertientes de agua dulce y hasta el momento se han identificado dos pozos que podrían dotar del líquido a la población. La Escuela Superior Politécnica del Litoral está haciendo exámenes  para verificar qué  contaminantes tiene esa vertiente y proceder con la instalación de filtros y piletas comunitarias.

El 28 de abril una planta potabilizadora de agua, gestionada por la Cruz Roja de Colombia en conjunto con su par ecuatoriana y el MAE, fue instalada en Chamanga para abastecer a las cocinas y comedores de los refugios.

Adicionalmente a la satisfacción de necesidades básicas, se pretende implementar un sistema de comunicación comunitario, para que reporteros (una vez capacitados) de la localidad, a través de una radio virtual, produzcan mensajes educativos y alertas en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Las alertas no solo se generarían por temblores o réplicas, como la del 18 de mayo, sino por tsunamis. El objetivo es que la población tenga plena conciencia de que vive en una zona de alto riesgo.

“Queremos implementar, además, un sistema de SMS que mande mensajes a cada hora, actualizando la información. Vamos a hacer una suscripción de este servicio para las personas que quieran. No solo habrá contenidos informativos, sino educativos. Esa es la idea, que la gente no solo tenga datos, sino que pueda acceder a mecanismos que los ayuden a recuperarse de la zozobra permanente en la que viven”, comenta Cárdenas, quien está coordinando este proyecto con la Junta Parroquial y los líderes de Chamanga. (I)

DATOS

Pocos días después del terremoto los pescadores artesanales de Chamanga retomaron sus labores, al constatar que sus embarcaciones de fibra de vidrio, canoas de madera y los motores fuera de borda no fueron afectados.

Entre las mejoras del albergue principal está la instalación de una planta potabilizadora de agua, una cocina comunitaria, alumbrado público para todo el campamento y el montaje de más baterías sanitarias.

“La planta comenzó a operar el 28 de abril. En ese transcurso hemos potabilizado 35.000 litros para el albergue. Estamos con el inconveniente del desabastecimiento por el tema de los tanqueros, pero ya se está solucionando, empezaremos con la potabilización de nuevo y la idea principal es que el abastecimiento sea para las cocinas, porque es un proceso más adecuado, sin contaminación y sin interrupción en la distribución del agua”, dijo Jonathan Grain, miembro de la Cruz Roja del Ecuador.

Se espera que, además de la mejora en la dotación de agua potable y otros servicios públicos, se desarrollen proyectos que ayuden emocionalmente a las personas a recuperarse. Entre las iniciativas está la implementación de radios comunitarias. (I)

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Los resultados preliminares del censo los presentó el INEC ayer  

5.824 familias viven en albergues, según el Registro Único de Damnificados (RUD)

El director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), José Rosero, y la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, María Gabriela Rosero, presentaron los resultados preliminares del Registro Único de Damnificados (RUD), del terremoto del 16 de abril.

Según informaron las autoridades, el objetivo del censo fue identificar y caracterizar a los hogares para establecer la magnitud de las afectaciones, valorar las principales necesidades de las personas damnificadas y determinar el universo de posibles beneficiarios para los programas de asistencia creados desde el Estado.

“Para caracterizar a las familias como damnificadas se tomaron en cuenta tres criterios: Que hayan sufrido la pérdida de una persona que era sostén del hogar, la pérdida de su vivienda ya sea propia, arrendada o prestada, y  que sus medios de susbsistencia se hayan visto afectados”, puntualizó Rosero.

La funcionaria señaló también que el levantamiento de información está previsto en tres etapas. La primera, que concluyó el 31 de mayo y cuyos resultados se expusieron ayer, se realizó en albergues y refugios y consistió en el registro de más de 5.800 hogares. La segunda etapa, ya en proceso, se trata de un barrido en aproximadamente 40 mil hogares de las zonas afectadas, mientras que la tercera consiste en un registro por demanda y visita en áreas dispersas. En estas dos últimas fases se incorporarán herramientas digitales; en el primer caso un aplicativo de consulta y en el segundo un registro en línea. Ambas se ejecutarán hasta el 30 de junio.

Según el informe preliminar, existen 5.824 familias (23.155 personas) viviendo en albergues y refugios. De este conjunto, la mitad son mujeres y 92 son extranjeros. Entre la población infantil se encuentran 720 niños menores de 2 años, 2.399 menores de 15 años y 8.722 en edad escolar. Además, existen 1.101 personas que reportan discapacidad, sobre todo del tipo físico motora.

Por otro lado, se determinó que el 58% de las familias albergadas poseía una vivienda propia. De estos inmuebles, el 76% quedó destruido o por colapsar, y el 22% tiene daños recuperables. Sin embargo, el 85% de los hogares manifestó que preferiría volver a vivir en el lugar donde se ubicaba su antigua residencia.

En cuanto a la ocupación de las personas damnificadas, el censo reveló que el 32% se dedicaba a la pesca, silvicultura, agricultura y ganadería; el 15% a actividades comerciales; el 9% a la manufactura; el 8% a servicios de alojamiento y comida; y el 7% a trabajos de construcción.  Además, el 25% de los albergados era empleado privado y el 20% era jornalero o peón. De las personas que poseían negocios propios, se detectó que el 57% de estos quedó destruido.

En la coordinación de actividades relacionadas con el RUD están involucrados el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio Coordinador de Desarrrollo Social (MCDS), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). (I)

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Los ciudadanos que tienen informes particulares deben llevarlos al COE

En Manta, 533 edificaciones ya fueron derribadas con autorización del Cabildo

Un avance superior al 50% lleva el proceso de demolición de edificaciones que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril en Manta. Así refiere el alcalde, Jorge Zambrano, al destacar que son 1.200 órdenes de derribamiento firmadas hasta el pasado viernes.

El burgomaestre indica que hay demoliciones que no se han autorizado todavía, porque no han llegado a un acuerdo con sus propietarios. “Nos hemos encontrado con propiedades en problemas legales. Casas que son herencias y otras de copropietarios que tienen opiniones diferentes”, explicó.

En la ciudad, sostuvo, hay personas que teniendo informes particulares quieren salvar sus inmuebles. “Ellos lo pueden hacer, pero tienen que traer sus documentos al Comité de Operaciones de Emergencia (COE). El informe debe tener la firma de un profesional, quien indicará lo que necesita hacerse para evitar un desastre en caso de otro evento similar”, señala el titular del ayuntamiento.

Los propietarios de edificaciones que deben ser demolidas y aún no han realizado su trámite, lo deben hacer hasta antes del término de las declaratorias de Estado de Excepción y de Emergencia (17 de junio), esto a efectos de facilitar esta parte. En la ciudad hay 14 frentes de trabajo. Las personas que ya han recibido la orden de destrucción no deben preocuparse. (I)

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