Íñigo Salvador, procurador general del Estado, se refirió a la información presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en relación a irregularidades en cinco megaproyectos del país.

Salvador aseguró que en el momento procesal oportuno no dudará de presentar acusación particular en nombre del Estado ecuatoriano, contra cualquier funcionario de entidad estatal o personero de empresa privada cuando se encuentren indicios de responsabilidad penal que pudieran resultar en perjuicio del Estado.

“Sería absolutamente improcedente cualquier intervención de la PGE antes del momento procesal previsto en el artículo 433, numeral 1 del COIP, esto es en el transcurso de la fase de instrucción fiscal”, dijo el procurador.

Sobre su relación con Refinería del Pacífico (RDP), Salvador precisó que fue contratado como asesor jurídico externo entre mayo de 2010 y marzo de 2012, cuando ejercía libremente la abogacía, y que ninguno de los contratos que él revisó es objeto de informe de Contraloría o investigación de la Fiscalía.

“En todo caso –concluyó– de llegar a establecerse indicios de responsabilidad contra personeros de Worley Parsons o de RDP en relación a cualquier contrato, no me temblará la mano a la hora de acusar”. (I)