Dirigentes del pueblo shuar rechazaron ayer el estado de excepción que rige en Morona Santiago tras el ataque armado por parte de un supuesto grupo de indígenas al campamento minero La Esperanza, en la localidad San Carlos Panantza, que dejó un policía muerto y 7 heridos, uno de ellos de gravedad.

Por ese hecho, 14 personas son procesadas y se espera dar con el paradero del causante de los disparos que mataron al gendarme.

Líderes del Pueblo Shuar Arutam, de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) se reunieron ayer con la prensa para explicar la realidad que se vive en Morona Santiago debido a la medida que, dijeron, genera restricción de derechos.

Por ello, piden que el estado de excepción sea revocado y se desmilitarice la zona. “Estamos en la búsqueda de diálogos, pero si los derechos son vulnerados solo queda la resistencia. Se están “violentando los derechos”, advirtió el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas.

Por su parte, la Corte de Justicia de Macas ordenó la liberación de  cinco de los imputados por los hechos violentos suscitados en Nankints, en diciembre pasado.

“En estricto derecho a la norma y a los tratados internacionales de derechos humanos dispusieron la libertad de los detenidos”, indicó el abogado defensor, David Cano, luego de la audiencia.

Si bien el proceso judicial seguirá hasta dar con el presunto responsable de la muerte del uniformado, familiares y allegados de los detenidos insisten en que son inocentes, entre ellos, dos personas del gobierno parroquial de Panantza. (I)