Pedro J. Montero.-

Las aguas del río Bulubulu, en el sector de la parroquia Pedro J. Montero (Boliche), del cantón Yaguachi, de a poco vuelven a su tonalidad normal y el olor a caña de azúcar o melaza ha desaparecido, pero la posibilidad de la contaminación persiste, según los vecinos del sector.

Ante esta situación, José Ulloa, presidente de la Junta Parroquial de Pedro J. Montero, manifestó que se ha ejecutado el protocolo correspondiente presentando un informe ante la Prefectura de Guayas, sobre la presencia de varios grupos de diferentes tamaños de una sustancia tiznosa que cubría las aguas y orillas del río.

La directora provincial de Gestión de Ambiente de la Prefectura de Guayas, Mónica Tobar, indicó que el primer paso, una vez conocido el tema, es investigar en el lugar si el mencionado cambio de color del afluente se trata de algún agente natural o de algún químico.

Por lo que de ser así se deberá constatar la afectación que tiene o tendría a corto y largo plazo en el ambiente o al ser humano.

Tobar, además, señaló que de ser un componente natural el que esté causando esta situación se procedería con el Ministerio del Ambiente, que en este caso tendría la competencia para actuar y constatar sobre el incidente.

“Conociendo el tema, en calidad de autoridad, nos comprometemos a realizar una inspección para establecer de qué se trata y empezar el proceso legal pertinente, procurando el bienestar de las personas que tienen relación directa con las aguas del río”, acotó la funcionaria.

Los habitantes de las zonas en donde ocurrió el hecho expresaron que están a la expectativa de las acciones de las autoridades competentes. Hasta el momento no se ha registrado ninguna afectación a la población que vive a orillas del afluente. (I)

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Los análisis se mantienen

La sanción legal depende del tipo de daño causado

De acuerdo a la normativa ambiental de la Prefectura de Guayas, de comprobarse el daño y de encontrar al o los responsables, la sanción por daño ambiental dependería de la afectación causada y del tipo de contaminación efectuada, la que podría establecerse con sanciones monetarias o paralización temporal de las actividades de la empresa o personas causantes, esto hasta que se remedien el o los daños a la naturaleza. (I)