El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo se votará hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. En su último debate, que se realizó el pasado lunes, se evidenció que la principal oposición a la propuesta es la creación de la superintendencia.

En la propuesta consta que esta entidad tendrá capacidad de controlar, vigilar y sancionar en caso de que existan irregularidades en los procesos.

Sobre este punto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, adelantó que no acatará la Ley de Ordenamiento Territorial porque la considera que es inconstitucional.

El burgomaestre se opone a la creación de la superintendencia porque considera que con ello les quitan las competencias a las autoridades locales.

Ante estas afirmaciones, la directora del Consejo Nacional de Competencias (CNC), María Caridad Vásquez,  explicó que la superintendencia se encargará de regular a todos los municipios del país, pero que la aplicación le corresponde a cada cabildo.

El alcalde propone que las faltas sean sancionadas desde la justicia ordinaria. Para Nebot, sería como perder la autonomía y la inmunidad que tienen los alcaldes. 

Recalcó que “aquello que está en contra de la Constitución no tiene eficacia jurídica”, por eso se rehúsa a acatar la ley, y aclaró que no se trata de rebeldía.

Vásquez remarcó que la ley es de cumplimiento obligatorio, pues las leyes se hacen para todos.

Uno de los ejemplos claros es lo que sucedió con el tránsito. “Existe la Ley de Tránsito y esta es observada por la Agencia Nacional de Tránsito, pero en los municipios cada alcalde aplica y hace cumplir sus competencias”, afirmó.

El objetivo es que se mantengan unos mismos derechos para todos, pero no toca las autonomías de los gobiernos autónomos, enfatizó.

Aún no existe la postura única de los alcaldes. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Daniel Avecilla, manifestó ayer en una entrevista en Ecuadorinmediato.com que están de acuerdo en que nazca una institución rectora, porque en el pasado se cometieron muchos errores. “En su momento hubo mucho clientelismo, los alcaldes repartieron terrenos, era lógico que debía nacer una entidad reguladora”.

AME ha aportado, aunque muchas de sus observaciones no se tomaron en cuenta.

Ante la negativa de Nebot, tanto el titular de AME como el asambleísta Richard Calderón dijeron que se trata de una postura política.

Con la ley se corregirán la vulnerabilidad y que los ecuatorianos puedan por fin acceder a viviendas dignas y seguras, enfatizó Calderón, quien es el proponente de la norma.

La ley es urgente en el país y hay indicadores que lo prueban. El asambleísta, quien también es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que trató la propuesta, destacó que el 20% de los hogares en el país está en asentamientos de hecho. Según el Sistema Nacional de Información, de 3’810.000 hogares, 729.000 están en esa circunstancia.

Calderón citó que en Guayaquil antes de 1970 los asentamientos irregulares ocupaban 800 hectáreas, y ahora son 8.000. Mientras que en Quito pasaron de 87 en los años 80 a 616 en la actualidad.

La ley lo que hace es darles a los municipios las herramientas que les permita controlar de forma adecuada los suelos y sus usos. Por ejemplo, una de estas son los bancos de suelos.

Se trata de separar suelo para proyectos de interés social, lo que no pueden hacer en este momento.

El ejercicio pleno de la autonomía no exime que exista una entidad nacional. “Lo que queremos en el país es que se vaya cambiando la cultura y tener ciudades ordenadas”, dijo Calderón.

En cuanto a las sanciones, se darán en caso de que las autoridades no hagan cumplir los parámetros que apruebe el mismo concejo municipal para las construcciones.
La sanción inicialmente no es para el alcalde sino para el municipio; pero luego se puede pedir el recurso de Repetición y ordenar que la sanción sea pagada por el funcionario que incumplió la norma, indicó el legislador. (I)

Datos

Dentro de las disposiciones generales consta que los gobiernos autónomos descentralizados pueden constituir mancomunidades o consorcios para ejercer las competencias.

El Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo se conformará dentro de 60 días a partir de la publicación de la norma en el Registro Oficial.

El Superintendente será nombrado en un plazo de 120 días y la nueva entidad se conformará en 180 días.

El Presidente de la República debe expedir el reglamento a la ley en un plazo de 180 días. La regulación de asentamientos humanos irregulares constituidos antes de 2010 debe finalizar en 2 años, y en 4 años se deberá tener la construcción de sistemas de agua y desechos.