El gobierno de Santo Domingo de los Tsáchilas logró este viernes 17 de mayo un acercamiento con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), con el fin de garantizar el financiamiento de la ampliación a cuatro carriles del tramo de 22 kilómetros de la vía Alóag-Santo Domingo.

El jueves, la prefecta Johana Núñez anunció que luego de su posesión (el martes) conoció que el BDE comunicó, el 13 de mayo, la suspensión unilateral del convenio del crédito por alrededor de $ 30,4 millones para ejecutar la obra.

El oficio remitido por la entidad estatal de crédito determina que la adjudicación de la obra, a la empresa Hidalgo & Hidalgo, incumplió la cláusula 16 del acuerdo de préstamo, que prohíbe la asignación mediante régimen especial, emergencia o contratación directa.

El viernes 17 de mayo, el secretario nacional Anticorrupción, Iván Granda, expresó a la prensa que el Gobierno Nacional garantiza la entrega de los recursos para realizar esos trabajos, que integran el proyecto estatal de establecer un corredor vial entre Quito y Guayaquil.

No obstante, Granda aseguró que el Ejecutivo exige que se cumplan las políticas de transparencia y contratación responsable. “El presidente Lenín Moreno se comprometió con la ciudadanía de Santo Domingo para la ampliación de este tramo vial y se lo hará con responsabilidad, con concurso público. Nunca más nada a dedo, nada de repetir prácticas que le hicieron tanto daño al país”.

Hasta este viernes 17 de mayo no se conocía si se suspendieron las obras preliminares del proyecto iniciadas el 23 de abril. Este no es el primer tropiezo del proyecto, que empezó a tomar forma el 10 de mayo de 2017.

Ese día, los gobiernos de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y el Estado Central llegaron a un acuerdo sobre los dos peajes en la carretera Alóag-Santo Domingo, que están a cargo de cada provincia.

El entonces prefecto Geovanny Benítez preveía iniciar las obras ese mismo año, pero por los requisitos el préstamo se aprobó en junio de 2018.

El pasado diciembre, Benítez adjudicó los trabajos al Consorcio Multinacional Tsáchila. Sin embargo, Andrea Maldonado, quien lo reemplazó, terminó el contrato por observaciones legales. Asimismo, la adjudicación a Hidalgo & Hidalgo fue cuestionada legalmente por firmas interesadas. (I)