El tema de la plusvalía fue nuevamente puesto de relieve por el presidente Rafael Correa, quien en mayo pasado ya había manifestado su interés en regular dicha rentabilidad. El sábado anterior el Primer Mandatario anunció la intención del gobierno de aplicar un “importante” impuesto sobre este monto, ya que lo considera “ilegítimo”, aunque reiteró que “si por él fuera” lo eliminaría totalmente.      

La propuesta gubernamental ha causado preocupación en el sector inmobiliario ante la posibilidad de que disminuyan las inversiones en el sector. Miriam Sánchez, presidenta de la Federación de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador, dijo que su gremio no está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo porque se correría el riesgo de una recesión, considerando que “la gente compra bienes como inversión, por su utilidad, y no necesariamente porque va a vivir en ellos”.

Sánchez mencionó que actualmente los municipios del país ya cobran un impuesto a la plusvalía, por lo que la forma de fijar el tributo no le queda muy claro. “Al menos que del sobrante que tenga el dueño también una parte se lo entregue al Estado”, reiteró.  

Según el Mandatario la fórmula para el cobro de este impuesto está en que si un bien costaba 20 años atrás $ 100 y ahora está en $ 1.000, y se lo vende a $ 1.500, de esos 500 una parte irá al Municipio y otra al fisco. “Esto se va a incorporar en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (...) no podemos permitir una ganancia tan ilegítima como la ganancia de la tierra”, dijo Correa, quien afirmó que lo verdaderamente revolucionario sería quitarla.

Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y de Vivienda del Ecuador (Apive), aclaró que en la ley ecuatoriana existe el impuesto a la plusvalía en cada municipio desde hace mucho tiempo, y este porcentaje varía según la ciudad.

Pero en este caso, la propuesta gubernamental se refiere a hacer una distinción del incremento que se produce como consecuencia de una obra pública, y otra por cuánto gana por sí solo el bien con el paso del tiempo. “El Presidente reconoce que si la inversión que se realiza en un predio es privada, no puede considerarse plusvalía pues la subida de precio es producto de esa inversión”, apuntó.

Ahora la interrogante para el titular de Apive es si en tales casos también cobrarán impuestos adicionales el municipio o el Estado.

El jurista Dennis Mucarsel señaló que resultaría inconstitucional cobrar un impuesto sobre otro impuesto, por lo que expresó que el tema debe ser analizado.

Una utilidad cuestionada

La variación del precio de una casa, terreno o departamento pasado un tiempo desde su construcción viene dada por el mercado, según expertos en el tema. “La generan obras, servicios, o acceso a recursos naturales y al final depende de lo que las personas valoran en un determinado momento: paisajes, espacios,  servicios, vecinos, costo, cercanía, y son miles de mezclas que se puedan dar entre esos factores”, expresó Rumbea.

Un vendedor de una de las urbanizaciones de la vía Av. León Febres Cordero (frecuentemente promocionada como vía a Samborondón),  dijo que una vivienda promedio puede incrementar su precio en un 40% en 3 o 4 años.  Por ejemplo, Blanca Tinoco adquirió su casa en La Joya por $ 48.000 hace 2 años, pero si tuviera que venderla ahora lo haría por $ 55.000. “Es lo que me han recomendado”, expresó.

Para Correa imponer este pago significará terminar con el mercado de tierras, pues esta “no puede ser una mercancía que se la deba dejar al mercado”.

El analista económico y profesor de la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), Roberto Palacios, opina que si bien la plusvalía -de forma especulativa- puede resarcir el capital invertido por un comprador y el riesgo asumido en la adquisición de un bien, también podría configurarse como un desplazamiento del derecho del ser humano por el del capital. “Como cuando la utilidad asignada a un terreno ideal para vivienda limita su uso como tal”, dijo.

Durante su intervención, Correa puso como ejemplo los terrenos expropiados para la construcción de la sede de Unasur que, desde el inicio del proyecto pasaron de $ 2 millones a $ 9 millones. La preocupación del gobierno resulta comprensible para Apive, en el sentido de que la expropiación en tales condiciones resulta más cara, por lo que el gremio coincide en que los precios altos de la tierra podrían “alejar las posibilidades de construir vivienda de interés social”.  Recordó que el 60% de los hogares ecuatorianos tiene casa propia y que ese es su principal patrimonio, de modo que el incremento o descenso en su valor tiene un impacto económico.