Una exención de 10 años al Impuesto a la Renta en el primer año de inversión,  el descargo en el pago del tributo a la salida de capitales sobre la utilidad y la eliminación de aranceles para insumos que ayuden a desarrollar un proyecto son algunos de los beneficios de la nueva Ley de Alianza Público-Privada (APP) que la Asamblea aprobó en diciembre de 2015.

¿Qué gana el país con este tipo de iniciativas?  El viceministro Coordinador de la Producción, Santiago León, asegura que el Estado se beneficia a largo plazo porque se construyen obras de interés general y que bajo las condiciones económicas actuales quizá no podrían cristalizarse.

Si bien cuando se presentó el proyecto de Ley APP se habló de un portafolio de inversiones, ¿qué proyectos actualmente estarían a punto de concretarse?

Básicamente hay intereses del sector privado en dos grandes sectores: el portuario y el de carreteras. En específico hablamos del desarrollo de Puerto Bolívar y los de Manta y Posorja; tenemos inversiones serias por más de $ 600 millones y un comité técnico (que lo preside el Ministerio Coordinador de la Producción y lo integra la cartera de Política Económica y Senplades) está en el proceso de evaluación de las ofertas. Siempre se aprobará un proyecto de interés general, con beneficio común y que sea de riesgo compartido entre la parte gubernamental y el inversionista. En el tema carreteras hay interés por construir 3 tramos en el país.

La ley APP excluyó a los sectores estratégicos, ¿pero sí permite inversiones en el sector energía?

La norma nos dice que el Estado no puede ceder los sectores estratégicos por soberanía, sin embargo señala que existe la posibilidad también de ceder la operación de un servicio para desarrollar un proyecto en conjunto. Por ejemplo el espacio radioeléctrico es un bien público, pero si una telefónica quiere hacerse cargo de una parte de la operación para ampliar la cobertura se lo puede hacer.

A inicios de diciembre las carteras productivas se reunieron con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Quito, ¿qué aprendieron?  

Lo que se hizo fue una capacitación que ayudó a ver mejores prácticas de alianzas público-privadas en otros países y cómo han reglamentado el tema. En ese punto nosotros también estamos en un proceso de reglamentación de la ley y calculamos tenerla a fines de este mes. Pero así no esté el reglamento, si hay proyectos de interés general se los puede aprobar, basados en un decreto ejecutivo. Además todo proyecto tiene su contraparte gubernamental, por ejemplo a los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados), y no solo el Gobierno central, por ello se les da capacitación para que vean a la ley APP como un instrumento adicional.

Antes de la ley APP ya existían instrumentos para los inversionistas, por ejemplo en el Código de la Producción, pero se dijo que solo el 7% de los empresarios se acogía a ellos, ¿por qué?  

Esa fue una de las evaluaciones que hicimos cuando asumimos el cargo en el Ministerio, primero se hizo un mea culpa de lado y lado. Desde el Gobierno quizá no fuimos lo suficientemente agresivos para dar a conocer los incentivos, y desde una parte del sector privado, que siempre reclama beneficios, los instrumentos estaban ahí pero no se usaban. Una medida es la Ley de Régimen Tributario Interno que otorga doble deducibilidad del impuesto a la renta en el caso de nuevas contrataciones que se mantengan por 6 meses y solo el 10% o 15% de empresas ha aprovechado esto.   

En su momento, cuando se presentó la Ley APP, fue aplaudida por los empresarios, pero ahora que ustedes se han reunido con ellos, ¿cuál es la postura, están preocupados por un proyecto de Ley de Herencia o Plusvalía?

Esos temas no han salido en las reuniones productivas ni en Cuenca ni en Manta, son leyes que se están aún discutiendo y el Gobierno ha mantenido su postura clara de redistribuir la riqueza. Ahora el inversionista siempre se toma su tiempo para acoger una norma, pero sabemos que todo momento difícil trae oportunidades y estamos llenos de ellas en el país. Actualmente hay cierto problema de liquidez porque no tenemos moneda propia, pero también sabemos que estamos mejor preparados que antes para afrontar las adversidades porque se ha construido infraestructura y hay mejores servicios. Hoy tenemos una ventaja sistémica que no había antes. (I)