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SRI recuperó USD 9,3 millones con la revocatoria de dos sentencias

El Servicio de Rentas Internas (SRI) logró recuperar el monto gracias a una resolución de la Corte Constitucional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) logró recuperar el monto gracias a una resolución de la Corte Constitucional.
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) aseguró este lunes 30 de junio de 2025 que recuperó USD 9,3 millones para el Estado ecuatoriano, tras la revocatoria de dos sentencias consideradas como "ilegítimas". 

Según la entidad tributaria, la Corte Constitucional del Ecuador revocó dos acciones judiciales emitidas en la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas, que habían sido denunciadas en 2024. 

El dictamen indicó que hubo complicidad entre jueces, abogados y contribuyentes para afectar las finanzas públicas. 

Uno de los casos involucra a la empresa Koval Management Kovmanag S.A. (KOVMANAG), cuya acción de protección fue admitida por jueces pese a que sus pretensiones eran manifiestamente improcedentes. Según la Sentencia No. 2012-22-EP/25, esto vulneró el principio de seguridad jurídica, por lo cual se dispuso que tanto la empresa como los involucrados devuelvan USD 6'822.613,33 al fisco.

Otro caso relevante es el de la Constructora Carlo Poggi Barbieri S.A., donde la Corte determinó que jueces provinciales ignoraron una sentencia previa sobre el mismo conflicto, incurriendo en una violación a lo juzgado. Como resultado, la empresa deberá restituir USD 2'516.854,86. Además, la Corte identificó dolo en la actuación de los magistrados y remitió el caso a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si hubo delitos penales (Sentencia No. 3374-22-EP/25).

El SRI advirtió que empleará todas las medidas necesarias para proteger los recursos públicos y frenar los intentos de obtener compensaciones indebidas mediante decisiones judiciales manipuladas. Asimismo, hizo un llamado a los jueces del país a ejercer sus funciones con transparencia, ética y apego al derecho.

Según la entidad, estas resoluciones judiciales están en línea con los principios de la nueva Ley Orgánica de Integridad Pública promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, la cual exige a los operadores de justicia actuar con imparcialidad y responsabilidad. El objetivo de esta ley es fortalecer la institucionalidad y frenar prácticas que socavan la confianza ciudadana.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) indicó que la corrupción en la justicia no solo perjudica la recaudación tributaria, sino que atenta contra el Estado de Derecho y el bienestar colectivo. 

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