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La investigación tuvo como antecedente los datos incluidos en los documentos de Panamá

Ocho exfuncionarios públicos aparecen vinculados a empresas offshore

Mauro Andino (centro), titular de la Comisión de Justicia, presentó el informe de personas ecuatorianas naturales y jurídicas con empresas offshore.
Mauro Andino (centro), titular de la Comisión de Justicia, presentó el informe de personas ecuatorianas naturales y jurídicas con empresas offshore.
Foto: Daniel Molineros / El Telégrafo
25 de agosto de 2016 - 00:00 - Redacción Economía

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) recibió los resultados de la investigación de las empresas offshore constituidas por personas ecuatorianas en paraísos fiscales.

El informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y tenía como objetivo indagar casos en los que podrían estar implicados funcionarios públicos. También se efectuó un análisis de las operaciones de algunas universidades privadas e instituciones financieras. La indagación fue impulsada por las publicaciones efectuadas por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en abril y mayo pasados.

El análisis se basó en información de varias instituciones públicas

El informe señala que efectuó pedidos de información relevante a entidades públicas, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría General del Estado (CGE), la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de la Judicatura, el Banco Central y el Ministerio de Trabajo.

La Comisión de Justicia solicitó también información a los funcionarios públicos que, de una u otra forma, se vieron relacionados con los datos publicados por el ICIJ. De manera específica, Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación; Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, recibieron solicitudes para entregar declaraciones juramentadas de gestión y declaraciones de impuesto a la renta, entre otros documentos.  

Con respecto a la indagación realizada a Pareja Yannuzzelli, el informe menciona que se presentaron inobservancias a los artículos 2 y 3 de la ley que regula las declaraciones patrimoniales que deben efectuar los servidores públicos, por ello la Comisión de Justicia recomendó que se realice un examen especial a las declaraciones juramentadas efectuadas por el exfuncionario y relacionadas con los cargos de gerente de Petroecuador y ministro de Hidrocarburos.

También se insta al SRI a que realice la determinación de sus ingresos y el cruce de información de los últimos 6 años para verificar si el exfuncionario cumplió con sus obligaciones tributarias y si sus ingresos son acordes con sus gastos.    

Fiscalía solicitó la extradición de representantes de Arkadle

La semana pasada, la juez Ana Lucía Cevallos imputó por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a Álex B., exgerente de Petroecuador, quien desde el 16 de mayo permanece en prisión preventiva y está prohibido de enajenar sus bienes. Además se otorgaron 30 días más de plazo para las diligencias de la instrucción fiscal.

El caso Álex B. se inició a consecuencia de una denuncia efectuada por Pedro Merizalde, quien lo acusó del supuesto delito de tráfico de influencias. En la audiencia de formulación de cargos, efectuada el 11 de agosto, la Fiscalía señaló que, durante el tiempo en el cual Álex B. ejerció funciones públicas, fueron beneficiadas varias empresas donde trabajaban sus parientes.   

Con la empresa Valdi se firmaron 85 contratos y, posteriormente, 55 contratos adicionales. En Nolimit C.A. consta Tatiana Ramos Panchano, hermana de Álex B., hija de Gorki Ramos, cónyuge de la madre del ingeniero Bravo, quien fuera nombrado miembro de la licitación técnica que favoreció a Nolimit y Up Grade comisión técnica. La empresa Nolimit fue beneficiada con un contrato de bombas de refinación de Esmeraldas. En esta trabaja su hermana por parte de madre, que en el período 2014-2016 estableció roles superiores a los $ 85 millones y tiene relaciones comerciales con estas dos empresas, por lo que se le imputa el delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, las investigaciones en este caso llevaron a la Fiscalía a reformular los cargos contra Álex B. y luego a sindicarlo por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.   

En la audiencia del 11 de agosto, el fiscal Franklin Bravo presentó los indicios que presumen la infracción. A través de un informe de la Contraloría encontró que el patrimonio del implicado aumentó de $ 19.000 en 2012 a $ 600.000 en 2015, por tanto la jueza Cevallos aceptó reformular el delito, mantener la prisión preventiva y bloquear sus cuentas bancarias.

Durante esta semana, Álex B. rindió una nueva declaración ante la fiscal Susana Rodríguez, por una presunta vinculación al delito de cohecho. Esta indagación se abrió después de las detenciones de Javier B. y Juan B., representantes legales de Arkadle, empresa que realizó transferencia de dinero a la compañía panameña Girbra, donde el sindicado es el único accionista. La fiscal Rodríguez indicó que el caso está en instrucción fiscal.

El 17 de agosto, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, denunció que la detención de Javier B. tiene fines investigativos, pues el directivo de la empresa Oil Services & Solution supuestamente entregó comisiones por más de $ 40 millones a Álex B. como retribución por la firma de contratos de servicios.

Con relación a Juan B., quien permanece detenido en Perú, la fiscal Susana Rodríguez indicó que serán las autoridades de ese país las que determinen su traslado. La Fiscalía ya solicitó su extradición. (I)

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El informe de la Comisión de Justicia estableció conexiones

Asambleísta Andino: "La Función Legislativa no puede sancionar"

En una entrevista concedida a Ecuador en Movimiento, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, informó que la investigación descubrió que existían también algunos “funcionarios de menor rango” que están involucrados en los ‘Papeles de Panamá’.

“Aparecen con compañías offshore en paraísos fiscales y muchos de ellos han sido funcionarios de Petroecuador. La mayoría no llevó a cabo declaraciones juramentadas de bienes, como establece la Constitución”, dijo.                    

El asambleísta especificó que la Función Legislativa no puede sancionar sino solo dar a conocer lo que ha encontrado.  Por ello, en sus recomendaciones, el informe insta a que la Contraloría General del Estado (CGE) realice un examen especial de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para aclarar inconsistencias.

Entre ellos se destaca a ocho personas.  

Arturo Escobar Domínguez, quien fuera asesor de la Gerencia de Refinación, cuyo titular era Pareja Yannuzzelli, aparece como dueño de Joscar International, miembro de los directorios de las empresas de Álex B. y director de la compañía PIDMG constituida en 2012.

Pedro Wilfrido López, quien fuera gerente de Celec EP Gensur, aparece como beneficiario de la compañía Rosecliff Holdings Promotion. En su declaración juramentada de bienes del 4 de septiembre de 2015, sin embargo, no declara la propiedad de esa empresa.

Marcelo Reyes López, quien trabajó como coordinador General Jurídico de Petroecuador desde 2014, aparece como apoderado de Inversiones RELP, una compañía cuya presidente y directora era su esposa. Con ella aparece en la dirección de la compañía VIP Spa & Beauty Salon, domiciliada en La Florida.

Juan Vinelli Ayala, quien fuera técnico de presupuesto y control de la Corporación Financiera Nacional (CFN), aparece como beneficiario de Magson Portafolio.

Juan Vinelli Aguirre, quien se desempeñó como subgerente nacional de servicios generales de la CFN, es beneficiario de Magson Portafolio, empresa que no aparece en su declaración juramentada de bienes efectuada en agosto de 2009.

Esteban Uribe Cabrera, quien trabajó como asesor de gerencia de EL TELÉGRAFO, aparece como beneficiario de la compañía Edgecliff International Business.

María Belén Córdova Misas, quien fuera jefa de contratos de Petroamazonas, aparece como beneficiaria de la empresa Losange. René Andrés Vivar Chacón, quien se desempeñara como asesor de gestión pública de la Prefectura del Guayas, aparece como beneficiario de la compañía Ayley Capital y como propietario de
Brickell House 3103 Inc.

Por otra parte, el informe establece otro conjunto de funcionarios de Petroecuador, que son posibles sujetos de investigación con relación al caso Álex B.

Este grupo incluye a Augusto Vaca Tobar, César Pincay Canales, Michel Manzano Jaramillo, Édgar Ibarra Viera, Hugo Holguín Demera, Sixto Angulo Quiñónez, Alan Guerrero Mafla, Miguel Ángel García Becerra, Ronny Paredes Sánchez y José Luis Castillo Guerrero. (I)      

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