A pesar de la oposición de los legisladores de   Sociedad Patriótica, Prian, Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, Alianza Libertad y algunos independientes, ayer el pleno de la Asamblea aprobó con 69 votos el proyecto de Ley de Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.

El documento establece que  los créditos hipotecarios para vivienda  de hasta un monto equivalente a 500  remuneraciones básicas unificadas ($ 146.000)  quedarán saldados con la devolución del inmueble, en caso de que el deudor no esté en capacidad de pagar el préstamo, sin mantener deudas posteriores.

Lo mismo se aplicará en los créditos para la adquisición del primer vehículo familiar cuyo costo no supere los 100 salarios básicos unificados ($ 29.200).

En el segundo debate del proyecto  de ley también  se ratificó la importancia de blindar al cliente frente a cualquier posibilidad de cobro de una deuda adquirida en otro país. Con ello,  ningún  banco   podrá embargar o rematar otros bienes del cliente para saldar la obligación.

Además, se incluyó una disposición transitoria para que las instituciones del sistema financiero  mantengan su cartera de crédito hipotecario con un mínimo del 5% del patrimonio técnico. Con ello, los bancos, mutualistas y cooperativas  que durante el trámite del proyecto  argumentaban que se contraerán los préstamos hipotecarios y que se endurecerán las condiciones de acceso, ya no podrán desestimar esta situación y estarán obligados a extender estos créditos.

Durante el debate, el legislador de Alianza Libertad, Rafael Dávila, reiteró que  la propuesta del Ejecutivo  es “correcta y no afectará a nadie, porque busca evitar una burbuja inmobiliaria como sucedió en España”. Pero hizo reparos con respecto a la  incorporación de los préstamos prendarios para vehículos, porque las  concesionarias y los bancos dejarían de prestar el 90% del valor comercial y   la cuota de entrada sería más alta, como un mecanismo de protección ante el posible incumplimiento del deudor.

Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico,  descartó  que se intente perjudicar a las empresas automotrices y menos aún  a los ciudadanos de clase media, como aseguraron algunos sectores de la oposición.

Velasco  manifestó que los bancos y las concesionarias “garantizan su cobro, porque la valoración del automotor siempre es superior al monto de  la deuda”; y cree,    incluso, que   debe haber vuelto para el dueño del vehículo  cuando lo devuelva por falta de pago.

No obstante, el independiente Fernando González planteó la necesidad de precisar en la ley las condiciones bajo las cuales el deudor puede  quedar exento del pago:  “calamidad doméstica o desempleo”.

Para el economista Esteban López, “los vehículos son bienes de otra naturaleza”, por lo que no deberían estar contemplados en la misma ley. El  analista económico   Patricio Almeida consideró que los automotores no son una necesidad urgente, sino “un bien suntuario” que responde a otras necesidades. 

Una vez aprobado el proyecto de ley, el Ejecutivo tendrá un plazo de  10 días para sancionarlo.