La jueza Natasha Blusztein Figueroa negó la acción constitucional de protección presentada por las cámaras de la Producción el 4 de enero.  

La misma buscaba dejar sin efecto la resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) que establece que los contribuyentes declaren retroactivamente, desde el 2014, los activos monetarios que tuvieren en el exterior y que excedieran los $ 100.000. La audiencia se dio a las 10:00  en la Unidad Judicial Norte N° 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Complejo Judicial Florida Norte.

Estuvieron presentes representantes del sector productivo, del SRI y de la Procuraduría.    

“No es posible que esta resolución arbitraria sea emitida y debamos aceptarla cuando no tiene relación con ningún tributo y tampoco con el rol esencial recaudatorio del SRI”, manifestó Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, dijo que la resolución violenta principios de seguridad jurídica para invertir en el país.

“No genera empleo, sino que favorece a los competidores; la inversión se está yendo a otros países de la región”.

Además dijo estar de acuerdo con que el SRI controle a los contribuyentes que incumplen la ley, pero que tienen que establecerse procesos determinativos especiales para esas personas.   

A Enrique Pita, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, no le dejan de sorprender las acciones tomadas por funcionarios que apuntan a lo contrario de lo que busca el Gobierno, cuando se habla de generación de empleo e inversión.

Por su parte, Richard Martínez, presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, cree que este tipo de regulaciones de entidades de la administración pública ensombrecen el clima para captar inversiones.

Una vez que la jueza inadmitió el pedido, el sector enseguida apeló a la resolución y espera que los jueces reviertan la decisión. (I)