La semana pasada, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCP) inició la socialización del proyecto de Ley de Fomento a las Alianzas Público-Privadas (APP). Desde esta Cartera de Estado se asegura que es la forma correcta para cristalizar el trabajo entre las empresas y el Estado, en especial cuando se necesita inversión por la caída del precio del petróleo.

Desde septiembre de 2014 hasta abril de 2015, el país dejó de percibir $ 2.241 millones por ingresos petroleros.

¿Qué opinan los empresarios de la alianza público-privada?  Si bien los empresarios consultados por este diario califican la medida de positiva, aún esperan más detalles.

La frase más comentada entre el sector empresarial es: “Que se respeten las reglas del juego”.

Aseguran que con la inversión privada, el Estado pudo haber ahorrado dinero, por ejemplo en las carreteras. Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el actual Gobierno ha invertido $ 8.225 millones en infraestructura.

Hasta ahora, la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, mencionó 4 proyectos que están en carpeta por un costo de $ 1.500 millones.

Ante la propuesta, empresarios consultados tienen también algunas ideas respecto a las obras de interés público en las que se podría invertir. Luis Valero, gerente de constructora Valero, aseguró que en Ecuador existe mucho por hacer en tema de vialidad, pues el mayor trabajo se ha hecho de forma vertical y no horizontal.

“El problema de Ecuador es que no tiene conectividad o vías concesionadas que comuniquen el este con el oeste y viceversa”. Actualmente -aseguró- entre las principales carreteras que tiene el país están la perimetral del Pacífico y la que conecta Babahoyo con Quito; y en cuanto a vías nuevas, la única es Olmedo-Colimes-Balzar.

Al empresario le interesaría el desarrollo de una vía que conecte Babahoyo con Manta, sin tener que pasar por Guayaquil; o aumentar a 4 carriles la que conduce de Guayaquil a Quito, “que en muchos tramos es peligrosa porque es de apenas 2 carriles”.

Mientras que José Macchiavello, presidente ejecutivo de la constructora Etinar, dijo que hay un campo gigantesco para explotar, no solo en carreteras, sino también en infraestructuras, como terminales terrestres, e incluso en temas de salud y educativo.

“Si a las universidades privadas el Gobierno les permitiera subsidiar determinados servicios, este sector va a sentirse satisfecho. En el plano de salud, el Gobierno puede subsidiar valores y pagar a las clínicas por sus servicios”.

Por ahora se sabe que el proyecto llegará a la Asamblea Nacional luego de la vacancia legislativa. Según lo anunciado por Cely, se deberá constituir un comité para establecer los parámetros del trabajo en conjunto.

Ley de modernización y empresa privada

Antecedentes de alianzas público-privadas en el país podrían hallarse en la figura de la concesión de carreteras, señaló el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG), Enrique Pita.

Esto, a su criterio, funcionó bastante bien en algunas vías de la provincia del Guayas, aunque no ocurrió lo mismo en la carretera que une Guayaquil con Salinas (provincia de Santa Elena), debido a que el escaso flujo de vehículos no hacía rentable el cobro de peaje, o por el contrario, demandaría una tarifa muy alta. Por ello -recordó- continúa bajo la administración del MTOP.

Según declaraciones del prefecto Jimmy Jairala a este diario, Guayas tiene 5.600 kilómetros de carreteras, de los cuales solo 600 kilómetros están concesionados.

El MTOP también apuntó a la concesión cuando en febrero inició un proceso similar para la construcción de la autopista Río Siete-Huaquillas, que conectará Guayaquil con esa ciudad limítrofe, por un valor total de $ 877 millones.

A modo de retrospectiva, en 1993, la Ley de Modernización del Estado recurrió a la ayuda de la empresa privada. Entre sus considerandos se establecía la “necesidad ineludible” de entrar en un proceso de privatización y concesión de servicios con la finalidad de atenuar las cargas económicas que soportaba entonces el Presupuesto General del Estado.  

Analistas económicos de la época ligaron el tan llamado proceso de modernización del Estado con los compromisos asumidos por Sixto Durán-Ballén con los organismos multilaterales.

Esta ley, que está vigente, fue reformada en febrero de 2009 debido a su naturaleza privatizadora, pero continúa siendo uno de los marcos legales en los que se ampara la figura de las concesiones en el país.

De acuerdo con sus ejes rectores, los procesos de concesión “deben caracterizarse por la transparencia, de suerte que se garantice el interés público y la equidad social, mediante la dotación de normas claras y precisas”.  Tras casi una década de aquello, los escenarios para el juego lucen distintos.

José Macchiavello opinó que existe un Estado fuerte, con mayor capacidad  de control de los procesos, y capaz de evitar abusos por parte de la empresa privada en caso de que se materialice el proyecto.

Reglas claras, la petición

En marzo, representantes de las cámaras productivas y empresarios se reunieron con el presidente Rafael Correa en Quito, con la finalidad de discutir aspectos concernientes al desarrollo económico del país, con la intención de facilitar este proceso.

Allí, uno de los principales pedidos fue el de una pausa normativa, es decir que no exista cambios en la materia fiscal y tributaria.  

Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), señaló que esto no ocurrió, por el contrario, señaló que los cambios han sido continuos.

Dijo que el impacto de tales reformas no tiene por qué verse en los balances generales de las empresas, pero sí motivan a que el capital y la inversión bajen.

Según Alarcón, las reglas del juego no se han respetado y enumeró cambios como el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, en el que los costos y gastos incurridos para la  publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 4%; también las modificaciones en el tema de residencia fiscal que se ejecutaron con la Ley de Incentivos y Prevención del Fraude Fiscal.

Luego en el segmento comercial mencionó como traba al cupo de importación y las salvaguardias.

Finalmente mencionó las reformas a las leyes de herencia y plusvalía que, fueron retiradas por el Mandatario. Cabe aclarar que el proyecto se modificó a tal punto que no se gravarían las herencias de las empresas o negocios en marcha.

La mayoría de empresarios consultados califica los incentivos anunciados en el proyecto de Alianza Público-Privado como “muy buenos”, pues ponen a la empresa privada en el mismo nivel de beneficios que las públicas, con exenciones en el pago al Impuesto a la Renta (IR) por 10 años para el proyecto, así como para el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Esto aplica en el pago de dividendos en caso de financiamiento externo.

Las PPP o Public-Private Partnership no son un sistema nuevo. El Banco Mundial (BM) las define como un acuerdo en el que “parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio”.

La Cepal también se ha referido a las alianzas público-privadas en sus informes. En un análisis de 2013 destaca que son una estrategia válida para la ejecución de obras. Pero aconseja que “deben enfocarse como un mecanismo para impulsar la innovación tecnológica y fomentar la producción de bienes de alto valor agregado, como vías para elevar la competitividad de las exportaciones de las economías”. (I)