La zona de amortiguamiento de Ishpingo no será explotada

- 18 de diciembre de 2018 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

De momento, el Gobierno extraerá crudo adicional de dos plataformas que están por fuera del área. Grupo Yasunidos presionará para que en los comicios de 2019 se consulte sobre el Yasuní.

La intención de extraer crudo de cinco plataformas del campo Ishpingo que se encuentran en el perímetro de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní (PNY) quedó postergada hasta nuevo aviso.

El Gobierno dio marcha atrás en su decisión de invertir en esa parte del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). Sin embargo, la explotación sí se ejecutará en los campos “Ishpingo A” e “Ishpingo B”, que están fuera de la zona. Ahí se perforarán 75 pozos y se espera una producción que ronde los 50.000 barriles diarios.

El anuncio lo hizo este lunes 17de diciembre Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en una entrevista para Teleamazonas.

Dijo que los planes iniciales quedaron “para una segunda etapa (...) una vez que acaben debates respecto de si se debe o no desarrollar el campo en la zona de amortiguamiento”.  

Es así que únicamente se solicitó al Ministerio del Ambiente (MAE) licencias ambientales para Ishpingo A y también Ishpingo B.

El área total del Parque Nacional Yasuní es de 1’022.736 hectáreas (ha). De ellas, 335 ha constituyen el área permitida de explotación, que está repartida entre los bloques 31 y 43.

El Decreto Ejecutivo 2187, suscrito en enero de 2007 por el expresidente Alfredo Palacio, prohíbe que en la  zona de amortiguamiento se realicen actividades extractivas de productos forestales. Tampoco se pueden otorgar concesiones mineras, levantar nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras.

“Otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible” también están prohibidas.

En días recientes Pérez se reunió con representantes de las mujeres amazónicas y de Yasunidos, quienes expusieron su rechazo a la extracción de crudo.

Al respecto, Benito Bonilla, vocero de Yasunidos, aclaró que las mujeres amazónicas fueron atendidas tras una protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Hidrocarburos, en busca de respuestas a las denuncias de abusos por parte de empresas petroleras. También exigieron no avanzar con la actividad extractiva en Ishpingo, entre otros pedidos.

“Cualquier medida que el ministro (Pérez) quisiera desarrollar debería esperar, por lo menos, a que la Defensoría del Pueblo emita un informe sobre cuál es el nivel de impacto que existe en el Bloque ITT”, replicó Bonilla.

Yasunidos prepara acciones para exigir al Consejo Nacional Electoral que en las elecciones seccionales de marzo de 2019 incluya una pregunta sobre la explotación petrolera en el Yasuní.

Para este martes 18 de diciembre está previsto que representantes del Gobierno informen a la prensa sobre la gira presidencial a China y los detalles de los cambios en la actividad petrolera. (I)

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China amplía el plazo de la preventa de petróleo

Con el reciente crédito con China por $ 900 millones, el Gobierno ecuatoriano consiguió extender por seis años más los plazos de entrega del petróleo prevendido a empresas del país asiático.

El ministro Carlos Pérez informó que durante la gira presidencial a China se renegociaron dos contratos vigentes con Petrochina y Unipec, aunque no precisó más detalles al respecto.

Inicialmente los contratos de venta anticipada de crudo con esas compañías, y con Petrotailandia, vencían en 2024, pero con ampliación, las entregas finalizarían en 2030. Este acuerdo permitirá a Ecuador disponer de más crudo para nuevos negocios.

En otra área, Pérez mencionó que existe interés por concesionar proyectos estratégicos como la central hidroeléctrica Sopladora.

Con respecto a las obras construidas por firmas chinas y que hoy tienen inconvenientes, el funcionario manifestó que el gobierno de Xi Jinping se comprometió a que las constructoras cumplan con sus obligaciones contractuales. “Nosotros de ninguna manera vamos a recibir proyectos que cuenten con fallas, como es el caso de Coda Codo (Sinclair)”, sentenció Pérez.

Finalmente, negó que los recursos del crédito de $ 900 millones serán usados para el pago de salarios y décimas remuneraciones a empleados públicos, como se especula en redes sociales. Afirmó que el dinero se empleará en proyectos de inversión. El primer abono debe llegar antes de finalizar el año, agregó. (I)

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