El régimen especial de compra se utilizó de manera abusiva en las instituciones públicas

- 05 de agosto de 2020 - 16:59
Twitter Comisión Régimen Económico Asamblea Nacional.

Reformas a la Ley de Contratación Pública. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea recibió aportes al proyecto de reformas a esa normativa para regular más, pero no eliminar el llamado régimen especial. Ese es un procedimiento que se ha utilizado manera abusiva en las instituciones estatales.

Absalón Campoverde, de CREO, quien es uno de los proponentes de las reformas, explicó que el régimen especial es excepcional, sin embargo, muchas entidades públicas han abusado de este mecanismo.

Según información del propio Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y el Banco Mundial (BM), en 2016, el 44 % de las compras públicas se hicieron bajo ese régimen especial, mientras para 2019 se mantuvo un 29 % de compras por esta modalidad, eso representa 1.290 millones de dólares utilizados para adquirir bienes y servicios mediante régimen especial.

José Román, ejecutivo de la empresa Plásticos Rival, pidió que se garantice en la Ley de Contratación Pública la participación de la industria nacional en los procesos de contratación, puesto que en ciertos casos las especificaciones técnicas que se aplican a las compras van de acuerdo con productos extranjeros y se dejan de lado a empresas ecuatorianas.

Óscar Pico, asesor legal de la referida compañía, confirmó que la ley limita la participación de empresas nacionales cuando las contrataciones son financiadas con recursos de organismos internacionales. Sin embargo, Juan Aguirre, director del Sercop, dijo sería necesario garantizar la participación de proveedores nacionales, con productos que cumplan las normas de calidad y duración.

El experto en compras públicas, Pablo Oswaldo Dávila, subrayó que el régimen especial y la declaratoria de emergencia no deberían eliminar, sino regularse en una reforma integral de la Ley de Contratación Pública, que cuente con legislación comparada para tener una normativa que brinde seguridad jurídica al país. (I)

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