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Sector privado se suma al plan de electrificación para camaroneras

- 05 de julio de 2020 - 00:00
Foto: Wellington Molina / El Telégrafo

En cuatro años, 2.312 camaroneras eliminarán el uso de diésel por energía renovable. El programa también beneficia a las comunidades aledañas. Los empresarios piden establecer techos en las tarifas a largo plazo.

El Gobierno Nacional a través de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), aprobó el 19 junio de 2020 la regulación para la Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, lo cual le permite al sector privado invertir en el Plan de Electrificación del Sector Camaronero.

El programa se lo ejecuta desde hace algunos años entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Producción y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); busca que las camaroneras reemplacen el diésel por energía eléctrica. Aquello generaría impactos económicos, incremento de la eficiencia y productividad, que se traduce en mayor producción y exportación para el sector.

Desde hace varios años el sector privado ha manifestado su intención y compromiso para invertir en la construcción de las redes, lo cual no solo beneficia a las fincas, sino también a los agricultores y comunidades cercanas.

En entrevista con diario EL TELÉGRAFO, Luis Camilo Vintimilla, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, explicó que con la aprobación de dicha resolución, el sector privado se alista para financiar el proyecto que espera beneficiar en total a 2.312 camaroneras y estima una inversión de $ 335 millones a cuatro años.

El plan se divide en tres etapas; en la primera ya se benefician 742 fincas cuya facturación bajó de $ 1’700.000 a $ 1 millón, gracias al esquema de la tarifa reducida de $ 0,06 centavos el kilovatio hora.

En la segunda etapa se beneficiarán 1.300 camaroneras, para lo cual ya existe un financiamiento de $ 200 millones de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina aprobado en 2019. “Estos recursos de $ 200 millones adicionales estarán prácticamente disponibles en las próximas semanas para comenzar con la ejecución de los programas”, manifestó Vintimilla.

Hasta el momento solo se ha trabajado con inversión del Estado, ahora la normativa da la oportunidad al sector privado. El funcionario invita a presentar las solicitudes de ejecución de obras y la suscripción de los convenios.

Convenio entre la empresa privada y el Estado

El Gobierno tiene un plan de desarrollo que establece cierto número de obras en diferentes camaroneras y cronogramas a cumplir.

El funcionario explica que puede existir algún desarrollador privado que, frente al plan de obras del Gobierno, su camaronera no esté incluida, ya sea porque es muy lejana o porque va a ser atendida después de algún tiempo.

Si al empresario le interesa acelerar el proceso, existe la posibilidad de plantear al Gobierno la construcción del proyecto por su cuenta. En ese momento se hace un convenio entre el Estado y el empresario. La construcción se efectúa con las especificaciones y características determinadas en la regulación.

La Empresa Eléctrica de la zona hace la fiscalización de la obra y controla que su calidad esté de acuerdo a los requerimientos y a las normas de la regulación. Finalmente, esta obra, construida por el sector privado, se transfiere a la Empresa Eléctrica, y se establece un convenio entre las partes, para programar el repago de esa inversión, que se hace a través de la entrega de energía.

Es un sistema simple, las facturas que mensualmente va emitiendo la Empresa Eléctrica a la empresa camaronera, las va descontando como pago para que al finalizar el período establecido en el convenio pase al Estado. “Esta obra no solo beneficia a la camaronera, sino también al desarrollo de los agricultores y comunidades del sector”, dijo Vintimilla.

Patricio Salazar, presidente de GPS Group, asegura que esta resolución aprobada es una vacuna a la corrupción y a la burocracia. “En el momento que el sector privado tiene la libertad de ejecutar obras al ritmo y a la calidad del privado, ya no hay la mano negra de la contratación pública”.

Pero el problema no termina con aprobar la resolución; aún quedan problemas, como el cobro de las tasas de los gobiernos autónomos descentralizados por recolección de basura con base en la energía utilizada. “Es algo absurdo e ilegal”, señaló Salazar.

En la actualidad existe un precio competitivo, pero piden buscar la figura técnica para establecer el techo de largo plazo de la tarifa para que el sector privado tenga la seguridad de hacer inversiones. (I)

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