El Gobierno ecuatoriano, a través de Petroamazonas EP, firmó contratos que alcanzan una inversión privada de $ 1.622 millones para el desarrollo de seis campos en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos.

La suscripción de los contratos, realizada este viernes 5 de octubre en Guayaquil, contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno; el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez; el gerente general de Petroamazonas, Alex Galárraga; representantes de las empresas privadas y autoridades gubernamentales.

A través del proceso Oil & Gas 2018, la estatal petrolera obtendrá una inversión privada de $ 727 millones para los campos Cuyabeno/Sansahuari; Oso, Yuralpa y Blanca/Vinita, ubicados en las provincias antes mencionadas.

Los contratos se suscribieron bajo la modalidad de Servicios Específicos Integrados con financiamiento de la contratista para la ejecución de actividades de perforación, reactivación y completación de pozos, y construcción y ampliación de facilidades requeridas para los campos petroleros.

Con esto, se estima una producción adicional de 77,29 millones de barriles de petróleo durante 10 años.

Las tarifas que pagará Petroamazonas a las contratistas, por sus servicios, se establecerán de acuerdo con el marcador internacional de crudo WTI, con una tarifa promedio de $ 18,41 considerada para un precio WTI de $ 60 por barril.

La estatal petrolera renegoció los contratos de Servicios Específicos Integrados, suscritos en el 2012, con los consorcios Shushufindi y Pardeliservices, lo que permitirá una inversión adicional de $ 895 millones para el desarrollo de los campos Shushufindi- Bloque 57 y Libertador-Bloque 58, ubicados en la provincia de Sucumbíos.

Los acuerdos permitirán una producción incremental de 89 millones de barriles de petróleo, durante los 15 años de vigencia, y se espera obtener cerca de $ 1.800 millones en ingresos adicionales para el Estado, hasta el 2032.

Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, destacó que los recursos que provengan de la inversión privada de estos procesos, dinamizarán la adquisición de bienes o servicios y la contratación de mano de obra local. (I)