Las operaciones realizadas por los contratos de venta anticipada de petróleo, suscritos en 2013 y 2016 con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, deben ser consideradas como parte de la deuda pública, es el criterio de la Contraloría General del Estado.

El organismo presentó el lunes un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa e indicios de responsabilidad administrativa con multa contra los exministros de Economía Fausto Herrera y Patricio Rivera.

El criterio de la Contraloría es que las operaciones de venta anticipada no se consideraron deuda, a pesar de reconocerse el pago de intereses y devengado los compromisos no solo con crudo, sino también con dinero.

En el período analizado por la Contraloría (1 de enero de 2012 a 24 de mayo de 2017) la compañía estatal Petroecuador celebró cinco contratos de venta anticipada de petróleo por un monto total de $ 8.200 millones.

La empresa se comprometió a cancelar $ 8.644,4 millones por recargos en intereses, de los cuales ya se pagaron $ 5.573 millones y el saldo hasta mayo de 2017 era de $ 2.359,2 millones.

Ramiro Crespo, veedor de la auditoría, señaló que varios elementos llevan a concluir a la Contraloría que la preventa no fue una operación comercial, sino un endeudamiento, como que el anticipo recibido de las empresas internacionales fue pagado con petróleo y se asumieron tasas de interés.  

Además, el Ministerio de Finanzas debía liquidar los pagos que Petroecuador incumplió con las empresas acreedoras.

Pablo Dávalos, otro de los veedores, agregó que los contratos de preventa fueron transacciones que se maquillaron bajo el criterio de operaciones comerciales o mercantiles para, supuestamente favorecer a Petroecuador, pero los recursos fueron a parar a las arcas fiscales para financiar el gasto del Gobierno de ese entonces.

“No es lícito que una operación mercantil se disfrace con una operación de endeudamiento. Se transgredieron los procedimientos, normas, leyes. Se obligó a una empresa que no está en capacidad de hacer ese tipo de transacciones a desfinanciarse. Se debilitó a Petroecuador y se utilizaron esos recursos para alimentar la caja fiscal y financiar el gasto corriente”, sostuvo el analista económico.

Mientras que Luis Calero, experto petrolero, considera que el grueso de la ilegalidad en los contratos de preventa con China y Tailandia es que existe una “grave infracción por la disposición arbitraria de los ingresos que genera la venta de petróleo”.

El analista señaló que, de acuerdo con la Constitución, además del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esos fondos que reciba Petroecuador deben ser utilizados en inversiones y solo los excedentes pueden ir a los fondos del Estado.

Según la auditoría presentada por la Contraloría -si al saldo de la deuda pública total al 31 de diciembre de 2016, que ascendió a $38.136,6 millones, se le hubiera añadido los $ 2.359,2 millones de saldo de las operaciones de endeudamiento pagaderas con petróleo- la deuda pública hubiese ascendido a $ 40.987,8 millones, alcanzando el 42,59% del PIB, lo que supera el límite establecido. (I)