La Contraloría observó al proyecto Cascabel

20 de diciembre de 2018 00:00

Supuestos incumplimientos en el manejo ambiental y legal del proyecto minero Cascabel, ubicado entre las provincias de Imbabura y Carchi, fueron reflejados en un informe borrador de la Contraloría del Estado.

En el examen especial del periodo que va del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017, el organismo de control identificó presuntos incumplimientos de la concesionaria australiana SolGold y funcionarios públicos.

La compañía habría iniciado entre 2013 y 2014 un proceso de exploración avanzada sin contar aún con la autorización para ello.  

El informe indica que las actividades en el área se iniciaron 835 días antes de obtener las autorizaciones respectivas de cambio de fase, y 219 días antes de obtener el certificado de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).

De acuerdo con el informe preliminar difundido este miércoles 19 de diciembre, no se habría seguido el camino administrativo que establece la Ley de Minería y los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) lo habrían pasado por alto, y no se realizaron los respectivos controles.  

En la lectura del examen especial se mencionó además que no se habría cumplido con el proceso de consulta previa, libre e informada con los habitantes de la zona, en esta fase, como dicta la normativa.

Se observó también que la empresa minera no habría presentado un informe que certifique la no afectación de fuentes hídricas durante la fase exploratoria.

Auditorías realizadas entre 2015 y 2017 habrían detectado supuestas afectaciones a fuentes en quebradas cercanas como la de Alpala, por un inadecuado tratamiento de aguas negras y grises, a pesar de que la compañía aseguró contar con plantas especializadas de tratamiento.

Se detectó también fluido residual contaminado durante la perforación de los pozos, sin que se haya puesto en marcha un proceso de tratamiento y recirculación de agua.

Por otra parte, se observó la ampliación de operación de una plataforma de exploración sin contar con los permisos para ello y sin haber presentado un informe que estableciera la afectación a la flora y fauna del lugar.    

El organismo de control estableció que se aumentó el área de desbroce vegetal consignada en el plan de manejo ambiental, de 25 m² a 400 m², sin autorización de la autoridad y sin el cumplimiento del inventario botánico.

El informe señaló a funcionarios del Ministerio del Ambiente y de la Arcom de no haber realizado los controles y las constataciones del cumplimiento de la ley.

César Zumárraga, jurista de SolGold, manifestó que dentro del plazo de cinco días que establece la normativa, presentará a la Contraloría las pruebas y los elementos que certifican el total cumplimiento de la licencia ambiental otorgada.

“Nos sentimos confiados en que después de las explicaciones de carácter regulatorio y ambiental, va a quedar subsanada cualquier preocupación de la Contraloría y la compañía continuará con su mística de cumplimiento legal”, afirmó el jurista.  

Agregó que la compañía cumple con los estándares internacionales más altos en temas ambientales. Aseguró  que la información que presentarán demostrará que se han ceñido rigurosamente a los planes de manejo del medio ambiente y a las auditorías periódicas revisadas por los organismos rectores.

La empresa tiene de plazo máximo el próximo jueves para entregar la documentación de descargo.

El mayor yacimiento de oro del país está en Cascabel

De acuerdo a las últimas estimaciones, el depósito tiene más de 10,9 millones de toneladas de cobre y más de 23 millones de onzas de oro.

En una visita realizada la semana pasada, las autoridades del Ministerio de Energía y de la empresa SolGold hicieron un recorrido por el sitio donde se lleva a cabo la fase de exploración avanzada.

Al momento se han perforado 95 pozos para delimitar el cuerpo mineralizado y confirmar la existencia de estos recursos. Los trabajos en la zona han generado 413 empleos, de los cuales el 90% son para habitantes de la zona de influencia del proyecto.

De acuerdo con la empresa, cuando la mina empiece su construcción se estima que se requerirán unas 7.500 personas.

Desde 2012 se han invertido alrededor de $ 95 millones y, para los próximos dos años, se esperan otros $ 70 millones. En caso de llegar a la etapa de explotación, la inversión podría alcanzar un rango de entre $ 2.500 y $ 3.000 millones. (I)

El borrador del examen realizado por el organismo de control del Estado establece que la concesionaria minera incumplió la normativa ambiental.
Foto: El Telégrafo
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