En el transcurso de esta semana los servidores públicos del país definirán acciones en rechazo al decreto ejecutivo expedido el pasado martes, el cual estipula la compra de renuncias obligatorias.

Este sector, que se declaró en sesión permanente, prepara una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y no descarta la posibilidad de un paro de actividades, acogiéndose al “derecho a la resistencia”, amparado en la Constitución de la República.

El presidente de la Federación de Servidores Públicos de Pichincha, Miguel García, aseguró que no se quedará con los brazos cruzados, aunque esto signifique la pérdida de empleo, e insistió en que el decreto es inconstitucional.

Ese criterio es apoyado por la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores Nivea Vélez, quien argumenta que se está atentando contra los derechos laborales y la Constitución.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dijo que se eliminará el exceso de personal y que la desvinculación se cumplirá después de un riguroso proceso técnico