El poder Ejecutivo presentó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en la que propone la participación de los trabajadores y del Estado en las utilidades de las empresas que presten sus servicios utilizando el espectro radioeléctrico.

En el documento, enviado a la Asamblea Nacional, se plantea que los empleados reciban el 3% de las utilidades y que el 12% restante sea retribuido al fisco, para destinarlo a proyectos de inversión social y de desarrollo del servicio de telecomunicaciones.