El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (CDESC) de la Organización de Naciones Unidas  dictaminó como inadmisible la petición presentada en 2012 por 117 exservidores del Banco Central del Ecuador (BCE), quienes reclamaban a la institución el pago de pensiones por $ 42 millones.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el Comité acogió sus argumentos sobre la supresión de pagos provenientes del Fondo Complementario Previsional Cerrado-BCE (FCPC-BCE) que quedó sin efecto a partir de la Resolución DBCE-0226-FPJ de 2009.

Las gratificaciones eran financiadas hasta en un 90% por fondos públicos. Los denunciantes se jubilaron antes de cumplir 45 años de edad.

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 2008 dichos pagos alcanzaban hasta $ 2.700 mensuales, mientras que el costo de cada una de las pensiones vitalicias variaba entre $ 45.441 y $ 779.410. (I)