Hasta el 21 de diciembre tiene plazo Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para presentar las pruebas de descargo sobre la notificación de destitución emitida por la Contraloría General del Estado el 21 de noviembre.

Espinosa apareció ayer en la Asamblea Nacional pero esquivó las preguntas de la prensa. Su único pronunciamiento lo publicó en Twitter indicando que impugnará. “La verdad prevalecerá. El tiempo nos dará la razón”.

La Contraloría señala “la responsabilidad administrativa culposa N°11 72-DNPR del 11 de octubre de 2017, que consiste en una multa de $ 7.320, que equivale a 20 salarios básicos unificados y la sanción de destitución en contra del señor Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, presidente del Consejo Directivo, en el período analizado, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.

La notificación suscrita por el contralor general subrogante, Pablo Celi, fue entregada al presidente de la República, Lenín Moreno.
Da seguimiento al informe preliminar del 13 de octubre, el cual señalaba ‘incumplimientos’ y adelantaba el criterio de destitución de Espinosa, debido al movimiento contable de septiembre de 2016 con el que, según Contraloría, se ‘eliminó sin sustento’ de los balances del IESS la deuda de $ 2.527,8 millones por parte del Estado por prestaciones de salud.  

Las observaciones también apuntan a otros 17 funcionarios. Geovanna León, directora general del IESS, en octubre dijo a EL TELÉGRAFO  que sí se cumplieron las disposiciones y se conformó la comisión con el Ministerio de Finanzas, a fin de establecer los mecanismos de pago. No obstante enfatizó que no existen los respaldos para cuantificar dichas prestaciones brindadas desde 2001

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien ha sido crítico a la administración de Espinosa comentó que la situación ahora está en manos del Jefe de Estado. “Veamos si se respetan las resoluciones de la Contraloría, lo cual no sucedía en el Gobierno anterior”.

Manuel Vivanco, exdelegado de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS, indicó que al cabo de los 30 días determinados para las impugnaciones, el Presidente de la República puede designar a un nuevo representante a través de un Decreto Ejecutivo, si Contraloría no revé su decisión. (I)