El proceso para designar a los registradores mercantiles y de la Propiedad avanza con dificultades, pero estaría finiquitado el próximo mes, informó ayer el director nacional del Registro de Datos Públicos (Dinardap), Willians Saud.
De los 12 registros Mercantiles que hay en el país, hasta el momento solo han sido nombradas las autoridades de Cuenca y Ambato, y en los próximos días serán designados los representantes de Manta, Portoviejo y Babahoyo.
En cuanto a los registradores de la Propiedad, Saud explicó que el proceso está paralizado porque se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la acción de protección planteada por uno de los funcionarios salientes, que demandó la inconstitucionalidad del nuevo modelo de designación establecido en la Ley de Datos Públicos, vigente desde el año pasado.
La ley determina que las 219 registradurías de la Propiedad del país sean dependencias municipales y que las autoridades las elijan a través de concursos de méritos y oposición. De esa forma, sus ingresos también pasan al presupuesto de los gobiernos locales.
El mayor conflicto se produjo en Guayaquil, donde se declaró desierto el primer proceso de selección, según Saud, porque se detectaron inconsistencias. En este segundo intento, el funcionario asegura que hay transparencia y que a fines de junio se conocerá el nombre de la nueva autoridad.
Sin embargo, uno de los cuatro veedores del Consejo de Participación Ciudadana, que vigila el concurso, ha cuestionado el puntaje de una candidata.
Para el titular de la Dinardap, el conflicto en la designación de los registradores de la Propiedad surge porque estas entidades funcionaban como privadas y los costos de sus servicios eran discrecionales, lo que ha impedido llevar un registro sobre los ingresos reales que percibían.
No obstante, se estima que en Quito la entidad recibía 12 millones de dólares al año, de los cuales cuatro le correspondían al registrador.
De forma simultánea, la institución trabaja en la interconexión en línea de los registros Mercantil, Civil y de la Propiedad, cuyos requerimientos se plantearán a través del portal de compras públicas en junio próximo.
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