El control previo de legalidad de contratos, la creación de un comité de prevención de disputas; y el fortalecimiento institucional para reducir litigios contra el Estado fueron los ejes del proyecto de reformas para el control en la contratación pública que expuso el procurador Íñigo Salvador, en la Comisión de Régimen Económico.

El objetivo, según Salvador, es prevenir acciones de corrupción en la contratación pública y disminuir los conflictos que puedan ocurrir.

El funcionario indicó que es necesario restituir el control previo de legalidad de actos y contratos fortaleciendo el asesoramiento de la Procuraduría General del Estado para evitar disputas o una inadecuada aplicación de la legislación.

Mencionó que la contratación pública representa un monto significativo del presupuesto e inversiones del Estado. La eliminación del control previo incrementó la arbitrariedad en el buen uso de los recursos públicos. (I)