La construcción de una nueva refinería, la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas y la estructuración de un proyecto de gas natural son los principales pendientes que deja Carlos Pérez.

Él se desempeñó como ministro de Energía y Recursos no Renovables desde el 24 de mayo de 2017 hasta este 12 de noviembre de 2019. Ayer oficializó su salida “por razones personales”.

Sobre el primer pendiente, Pérez informó que actualmente se analizan las expresiones de interés que enviaron cinco empresas y un consorcio. Las firmas son: Técnicas Reunidas S.A., Meribano Hidrocarburos S.A., Ingeniería Coliseum, Hoskam Group AG Switzerland, Corefit S.A. y Sagecorp.

La nueva refinería sería de  alta conversión y se ubicará en la Costa ecuatoriana.

 Durante la administración de Pérez también se inició el proceso para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas y la elaboración de los términos de referencia. Su reemplazo deberá continuar con el mismo.

El objetivo de la concesión a un inversor privado es que mejore las condiciones técnicas y produzca combustibles bajo la norma Euro 5.

Otra de las tareas del siguiente ministro será la construcción de la infraestructura para importar gas natural. Esto es necesario para suplir el déficit de ese combustible en el país, explicó Pérez.

El ministro de Energía y Recursos no Renovables es también parte del Comité Coordinador de Gestión Delegada. Este ente fue creado por el Ejecutivo para analizar los activos del Estado que podrían otorgarse a privados.

Por lo pronto, el nuevo funcionario deberá continuar con el trámite de la hidroeléctrica Sopladora que, según Pérez y otras autoridades, está próximo a concretarse.

“Lo único que nos falta es que la Contraloría se pronuncie y nos dé un número sobre las multas que debe asumir la constructora de la obra”, dijo el exministro. Ese monto se incluirá en el esquema financiero.

Tres empresas han manifestado su interés por el proyecto. “Ganará la propuesta con el mayor monto de monetización y la menor tarifa eléctrica”, acotó.

El Gobierno prevé recibir entre $ 700 y $ 1.000 millones por este proceso. (I)