El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, referente al ‘pacto ético’.

Con más de 5 millones de votos, la ciudadanía aprobó la propuesta del Presidente de que ningún servidor público, en funciones o por posesionarse, mantenga bienes o capitales en paraísos fiscales.

El proyecto de ley que sería analizado por la Comisión de Régimen Económico en los siguientes días, otorga como plazo máximo el 6 de marzo de 2018 para que los funcionarios presenten una declaración juramentada a la Contraloría General del Estado informando que dejaron de poseer los bienes.

De no hacerlo la norma contempla sanciones que van desde la destitución o pérdida del puesto hasta juicios políticos para los servidores públicos sujetos a control político de la Asamblea Nacional.

Aplica para quienes ocupen o en el futuro desempeñen puestos de elección popular; quienes prestan o prestaren sus servicios en el sector público; quienes fueren electos o ingresaren al sector público a partir del 6 de marzo de 2018.  

En todos los casos, las reglas atañen a cualquier régimen o modalidad contractual.  

La transferencia de bienes o capitales no será válida cuando se la haga a cualquier tipo de empresas, corporaciones, fundaciones u otras formas asociativas o fideicomisos en los cuales los funcionarios tengan vínculos de manera directa o indirecta, así como cualquier tipo de participación por la que reciban un estipendio o remuneración.

Tampoco tendrá validez si se  traslada a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados al servidor público. Abarca a cualquier tipo de inversión, fondos de inversión, depósitos a plazo fijo o variable.

Además, el proyecto de la Función Ejecutiva reforma la Ley Electoral; la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, y la Ley Orgánica del Servicio Público. (I)