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El Telégrafo
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La nueva normativa fue aprobada con apoyo de asambleístas de oposición

La Ley de Incentivos pasó con dos cambios

Durante la sesión del pleno, los asambleístas de AP, Gastón Gagliardo (izq.) y Virgilio Hernández (der.), intercambiaron criterios sobre la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios.
Durante la sesión del pleno, los asambleístas de AP, Gastón Gagliardo (izq.) y Virgilio Hernández (der.), intercambiaron criterios sobre la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios.
Foto: John Guevara / El Telégrafo
03 de septiembre de 2016 - 00:00 - Redacción Economía

Sin votos negativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios con dos elementos nuevos a lo contenido en el informe para segundo debate.  De los 117 legisladores presentes en la sesión, 108 votaron a favor y 9 se abstuvieron.

Los cambios más destacados que fueron adoptados extienden la cobertura de dos de los incentivos incluidos en la norma, para favorecer a más sectores. Otras propuestas acogidas corrigen ciertas palabras para mejorar la interpretación de la ley, sin alterar su esencia.

Red pública de salud se incluye en incentivo de medicina prepagada

En el informe para segundo debate, la Comisión de Régimen Económico aceptó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asuma el deducible generado por la atención de trabajadores en centros de medicina prepagada, siempre y cuando el paciente haya sido derivado por aquella institución hacia un establecimiento privado.

La primera modificación importante amplía el tema. La formuló la asambleísta de PAÍS, Vanessa Fajardo, quien propuso que no solo el IESS pueda derivar pacientes, sino que todas las instituciones de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) puedan hacerlo.

Esto aplica, por tanto, a los centros regentados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El propósito de su propuesta, según expresó Fajardo, es extender la atención a más usuarios. A la par se busca descongestionar el IESS y los establecimientos del MSP.  

La Asamblea aprobó finalmente que “las instituciones de la red pública integral de salud podrán reconocer los gastos que sus afiliados o usuarios deban pagar por concepto de excedente no cubierto (deducible) por las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada o de seguros”.

Esto emergió del incentivo creado para que las sociedades tengan una deducción adicional, en su declaración del impuesto a la renta, por los gastos de seguros privados o de medicina prepagada contratados a favor de sus colaboradores.

Las micro o pequeñas empresas recibirán una deducción del 100%, en tanto a las medianas o grandes empresas podrá deducírseles hasta el 50% de aquellos gastos. Existen dos condiciones para su aplicación en cualquiera de los dos casos: que la cobertura sea para todos los trabajadores y que se contrate con empresas domiciliadas en el país.

Las derivaciones de la RPIS deberán estar justificadas y bajo responsabilidad de los funcionarios que emiten la orden. Si se detectan irregularidades en el proceso, la ley contempla sanciones de tipo administrativo, civil y penal.

El ponente de la ley y asambleísta de PAIS, Virgilio Hernández, explicó que lo aprobado cobija a los trabajadores que cuentan con ambos seguros (público y privado). No descarta que en el reglamento correspondiente se extienda a otro tipo de usuarios.

Según el cuerpo legal, los gastos de las prestaciones de salud deberán liquidarse conforme al tarifario establecido por el ente rector de la salud pública.

Ajuste al Cootad corrige pagos de patentes por mala interpretación

Asociaciones agrícolas y pecuarias lograron que se corrigiera una inadecuada interpretación del artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que les obligaba a pagar la patente municipal cuando no les correspondía.

A esas ramas productivas se suman el sector acuícola y las plantaciones forestales, por pedido de seis asambleístas que basaron sus argumentos en las condiciones que se realizan esas actividades.

Mauricio Proaño, legislador por PAIS, manifestó que la actividad forestal requiere de “fuertes inversiones”, tanto para la adquisición de terrenos, como implementación y mantenimiento de plantaciones forestales. Pero más allá de eso, señaló que por los ciclos de producción se debe esperar alrededor de 12 años para obtener rentabilidad.

En consecuencia, las personas naturales, jurídicas, sociales, nacionales o extranjeras dedicadas a estas actividades no serán sujetas del tributo por parte de ningún Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).

La nueva normativa quedó moldeada por 8 ejes clave

Incluidos los dos cambios antes mencionados, en general, el cuerpo legal está conformado por 8 elementos, según Hernández.

Los otros temas empiezan por añadir en la deducción tributaria a los actores de la economía popular y solidaria; nuevo rango del impuesto único del 1% al 2% para sectores agropecuarios que no tengan relación con el banano; estandarización en el cálculo del precio exaduana (influye en el Impuesto a los Consumos Especiales); estímulos al transporte, devolución anualizada del anticipo del impuesto a la renta; y, exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) para estimular el retorno de capitales.

Aunque gremios empresariales y varios asambleístas de oposición presionaron para que se eliminara el anticipo del impuesto a la renta, no ocurrió porque el Servicio de Rentas Internas (SRI) demostró que la medida contribuyó a reducir el nivel de evasión tributaria por parte de grandes empresas.

El asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, fue uno de los que pedían la eliminación. Si bien el resultado final no es lo que esperaba, votó a favor y se mostró satisfecho porque “se va a devolver algo a todos los sectores”. El presidente de la República, Rafael Correa, tiene 30 días plazo para pronunciarse sobre el texto aprobado. (I)

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Según previsiones del Banco Central

En 2016 decrecerán 28 ramas de actividad

La discusión de los incentivos a los sectores productivos del país adquirió un nuevo matiz. En esta semana, Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), anunció que el producto interno bruto (PIB) decrecerá 1,7% en 2016 y llegará a $ 96.217 millones, medido en valores corrientes.

Según explicó el funcionario, ese resultado refleja el impacto ocasionado en la economía nacional de factores exógenos al control del Estado ecuatoriano, como son la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y el sismo de abril.  

En las previsiones de crecimiento elaboradas por el BCE, se observa que 28 de 46 ramas de actividad económica tendrán tasas negativas de crecimiento.

En el sector agrícola ecuatoriano, para fines de 2016, se espera contracción en la producción de bienes cuyos precios son determinados internacionalmente. En este conjunto se encuentran las actividades relacionadas con pesca y acuicultura (-5%); banano, café y cacao (-4,5%); camarón (-2%); y flores (-1%).

En las actividades agroindustriales, en cambio, la producción bajará en elaboración de tabaco (-9%), elaboración de bebidas (-5,5%), camarón procesado (-2%), aceites (-2%), pescado procesado (-2%), y procesamiento de carne (-0,5%).

En el sector industrial, los mayores decrecimientos sucederán en maquinaria y equipo (-12%) y construcción (-10,3%). (I)   

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