Luego de que el Cabildo quiteño iniciara el respectivo proceso legal en contra de los responsables del derrocamiento ilegal de un bien patrimonial, hace más de una semana, en el norte de Quito, el Ministerio de Patrimonio Cultural y su entidad técnica adscrita, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mostraron su absoluto respaldo a la gestión municipal emprendida.

La ministra del ramo, María Fernanda Espinosa, aclaró ayer, en rueda de prensa: “Un juez no tiene autoridad para autorizar o no la demolición de una casa patrimonial (...) y el ente rector, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es el perito nacional, es el único que puede quitar o poner un bien en una lista patrimonial”.

La directora ejecutiva del INPC, Inés Pazmiño, expresó  que los procesos de análisis técnico y jurídico se iniciaron ya en coordinación directa con el Municipio de Quito, a través de su Comisión de Áreas Históricas, encargada de las acciones de conservación y de control, y celebró  que la ciudadanía participe en la gestión pública a través de sus denuncias.

“Damos gracias al despertar de esta sensibilidad porque está poniendo en evidencia que las personas dueñas de estos predios ya no pueden hacerse de los oídos sordos o aprovechar los feriados para cometer este tipo de imprudencias”, manifestó.

Espinosa dijo que el Estado está trabajando intensamente en generar mecanismos de incentivo para los tenedores privados de bienes patrimoniales, por ejemplo, mediante la creación -por Decreto Ejecutivo 821- del Bono Patrimonial Privado, que consistirá en un respaldo económico que garantice que los propietarios de este tipo de edificaciones puedan mantenerlas adecuadamente.

El bono fue ideado conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y será oficializado en su momento.

“Aquí estamos dando un respaldo absoluto a la actuación del Municipio”, insistió Espinosa, y finalmente aclaró que, con la Ley de Patrimonio Cultural, los bienes privados patrimoniales se mantienen en manos privadas.