Los grandes medios de comunicación son actores políticos que juegan a proteger sus intereses corporativos. ¿Cómo entonces podemos hablar de democracia comunicacional y equilibrio formativo en nuestra actual sociedad global?
Creo que tenemos en la agenda de las democracias mediáticas de nuestros países, especialmente en la región iberoamericana, una tarea pendiente  y es, justamente, regular un campo que es reconocido constitucionalmente, que es un derecho humano fundamental, pero que está en manos privadas corporativas que obedecen a intereses ajenos a la ciudadanía. Por tanto, avances democráticos como el que se ha dado en Ecuador por la Ley Orgánica o la propia experiencia de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en el caso de Argentina es el primer paso en un doble sentido, primero de abrir en la agenda pública de deliberación ciudadana sobre qué tipo de comunicación, qué modelo o sistema de organización de medios y de información pública se requiere; y en segundo lugar, establecer una estructura equilibrada en la que además, de los actores privados de las grandes compañías nacionales y multinacionales de comunicación, exista  un sector público fuerte garante de los derechos democráticos del ciudadano, por supuesto además de servicio público del Estado, una red amplia, potente, organizada en red de medios ciudadanos, de medios comunitarios. Estas dos condiciones creo que son básicas: la de abrir al debate público la regulación y organización de sistemas de comunicación pública y la de definir una estructura más equilibrada que la que históricamente ha marcado en nuestros países la conformación de la esfera pública en los medios de comunicación.

Si como usted ha señalado, una de las premisas de la libertad de prensa es no hacer de la actividad periodística una industria, ¿podríamos colegir que en las actuales circunstancias socioeconómicas no es dable hablar de libertad de prensa, sino más bien de libertad de empresa?
Es un axioma, un principio que es universalizable, cuando el señor Rupert Murdoch habla de libertad de prensa y se opone a cualquier tipo de regulación en realidad está hablando de su derecho privativo a concentrar y expandir sus intereses privados corporativos en el mercado de la comunicación global. Por tanto, esta idea liberal de la libertad de expresión como libertad de empresa informativa calza muy mal con los derechos universales a la comunicación reconocidos por la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, los depositarios somos los ciudadanos que por tanto debemos tener derecho a poseer medios comunitarios, derecho a un sistema público de radio y televisión y a un sistema o esfera pública estatal que defienda los intereses colectivos mucho antes que la libertad de expresión de un empresario, que fue, por ejemplo, el debate que ha habido en Ecuador a propósito de la Ley Orgánica de Comunicación. Por este derecho a los intereses creados, como en el caso de Argentina, grupos mediáticos como Clarín no pueden ser los depositarios de la libertad de expresión. Antes bien, ese ejercicio compete a profesionales siempre y cuando se respete en equilibrios y ponderados y que sea posible el acceso de otras voces. Desde el Informe MacBride hasta nuestros días este principio liberal de libre empresa informativa responde a lo que ha sucedido por ejemplo con el grupo Murdoch en Inglaterra de vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, de transgresión de las leyes de espectacularización y mercantilización extrema que, desde luego, no está respetando los derechos humanos fundamentales en la mayoría de países porque lo que prima es la lógica del valor de la mercancía y la potestad, el principio básico constitucional de la mayoría de nuestros países de la libertad de expresión que supone un derecho político, un derecho social y una libertad pública que exige trascender más de su realización mercantil o industrial que debe ser reconocida como tal, también como un principio incluido dentro de los derechos a la comunicación, el de la libertad de prensa informativa, pero esta no se ve vulnerada porque se regule en países como Argentina y Ecuador la estructura para limitar los niveles de concentración de propiedad. Antes bien, es una garantía para proteger al ciudadano de abusos de poder como la historia de la comunicación moderna que conocemos desde el Ciudadano Kane hasta nuestros días.

El mundo adolece de lo que se denomina  centralidad de la comunicación. En ese sentido siguen vigentes las premisas del Informe MacBride auspiciado por la Unesco en los años 80 del siglo pasado y el cual propugnó porque se escucharan las múltiples voces del planeta, especialmente las del Sur. ¿Lo considera así?
Algunos expertos que venimos luchando desde colectivos como la Unión Latina de Economía Política de la Información (Ulepicc), de movimientos sociales, desde la teoría crítica por los derechos de la comunicación, debemos referirnos a ese intento de democratizar el sistema mundial de comunicación. Por primera vez en la historia las Naciones Unidas, específicamente la Unesco con la mayoría de los países del Sur, planteó el tema, sobre el cual nosotros preferimos hablar del espíritu MacBride, en tres conceptos básicos que están presentes y que siguen siendo válidos para las propuestas democráticas y que de algún modo inspiran procesos regulatorios como el de Argentina, como el de Ecuador, como el de Venezuela  o Bolivia. La primera premisa es justamente concebir la información, no como una actividad mercantil, no como una mercancía sino fundamentalmente como un bien social, como un bien común y de suyo un objeto de regulación que afecta el derecho universal, que afecta al sujeto de derechos de la comunicación que es el ciudadano, por tanto hay que pensar la información como un bien público. La segunda premisa que es básica y creo que, además, necesaria, la estamos viendo en la Unasur, es la necesidad de cooperación entre países y entre sectores.

Lamento que grandes grupos multimedia sean globales o angloamericanos, como los de Murdoch, o a escala nacional, como el grupo  Clarín en Argentina, que no entienden que el derecho universal exige su activo de cooperación con los medios comunitarios, de cooperación con el sector público y no como estamos observando en América Latina como arietes de golpes de Estado, de golpes militares, golpes mediáticos que afectan no solo el derecho de información. En la centralidad de la comunicación en realidad está en juego el poder de luchar por otros derechos sociales y por otros derechos humanos en nuestros países. Y por tanto esta cultura de cooperación que está registrada como uno de los principios y aportes del Informe MacBride creo que se  recupera  en el caso de la Unasur porque es estratégica la cooperación entre sectores, agentes culturales, poderes públicos y, por supuesto, entre países para desarrollar democráticamente una sociedad de la información para todos, un sistema de comunicación público y abierto. Y la tercera premisa, creo que es una lección también básica, fundamental. Los que defienden la doctrina totalitaria liberal de libertad de expresión entendida como libertad de prensa informativa no quieren oír hablar de participación ciudadana, no quieren hablar de políticas públicas de comunicación.

El Informe MacBride fue una lección de que no hay desarrollo, no hay democracia, no hay progreso, no hay identidad cultural sin participación ciudadana y sin políticas públicas. Lo que estamos viviendo en los últimos años en América Latina son políticas activas en regulación. Todavía nos queda un amplio camino, pero en ese sentido el Informe MacBride sigue siendo válido. Una comunicación debe ser participativa para el desarrollo nacional, para la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los bienes simbólicos, a la información y la cultura y sin políticas públicas no es posible esta participación. Afortunadamente hay procesos regulatorios que son ejemplos hoy en día.

Por ejemplo, para la Unión Europea que va en sentido contrario, evitando la participación ciudadana en temas de comunicación pública, en proyectos sociales de información, propiciando la privatización de los medios públicos y negando la posibilidad de una política activa de los poderes públicos para regular y garantizar los derechos sociales a la comunicación.

En la Cumbre por un Periodismo Responsable que se realizó en Guayaquil, Ecuador, el pasado mes de junio, usted abogó por un periodismo para una ecología social. ¿A qué quiso aludir con ese término?
En América Latina, especialmente en Ecuador, tenemos por delante la necesidad de concebir, como ya se dio en aquella crítica de los años 70, alternativas democráticas a la comunicación, pensar una tradición que es latinoamericana de comunicación participativa para el cambio social, de comunicación participativa para el desarrollo concebida hoy como ecología de la comunicación.

Es decir, pensar el periodismo, los medios, como una comunicación para el Buen Vivir, este concepto, creo que clarifica los elementos de desarrollo de qué tipo de ecologías de vida, qué tipo de ecosistemas culturales, qué tipo de sistemas de comunicación necesitamos para el Buen Vivir, para el desarrollo nacional de acuerdo a ciertos criterios cualitativos, a ciertos enfoques más respetuosos con la naturaleza, con la cultura local, con nuestras identidades, con las necesidades radicales de la población y debemos explorar esa realidad. En ese sentido el periodismo ciudadano y debates como la comunicación participativa que se dieron en décadas atrás pueden ser caminos por explorar para otra práctica de la comunicación en los medios, mudando narrativas, modos de contar, agendas temáticas de los medios de comunicación, pero también modos de producir contenidos culturales a través de los nuevos ecosistemas o redes digitales, en fin, tenemos por delante una agenda en la que debemos ir pensando, y este es uno de los retos en los que algunos investigadores participamos para repensar las prácticas de comunicación desde el Sur, para el Sur, con el Sur, desde abajo, desde la ciudadanía, desde las necesidades locales y radicales de la población.