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La reducción del gasto público afectaría a la gestión artística

Despidos en Cultura, ¿un espanto necesario?

El 29 de enero, los trabajadores que no pudieron ingresar al Ministerio empezaron a protestar en Buenos Aires.
El 29 de enero, los trabajadores que no pudieron ingresar al Ministerio empezaron a protestar en Buenos Aires.
Cortesía: Daniel Cholakian
08 de febrero de 2016 - 00:00 - Daniel Cholakian. Especial para EL TELÉGRAFO

Buenos Aires, Argentina.-

M. se levanta el viernes y prepara a sus hijas para llevarlas donde pasarán el día mientras él va a su trabajo. En verano es más complicado acomodar los horarios ya que las niñas no van a clases. Tanto su exesposa como él trabajan varias horas y no siempre pueden ajustar sus horarios para estar con ellas.

A las 08:00, M. recibe el llamado de un amigo: “Estoy escuchando en la radio que despidieron 500 empleados del ministerio. No mandaron telegramas ni nada. Dicen que cuando llegás a la puerta de Alsina, los de seguridad te dicen si podés o no entrar. ¿Te pueden echar a vos?”. A partir de ese momento las sensaciones se vuelven vertiginosas. Hasta el cálculo del dinero que M. le va a dar a sus hijas para que puedan comprar algo en el paseo con su abuela se torna dificultoso y el viaje en ‘subte’ se hace mucho más irritante que de costumbre.

“El ministerio” es el Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina y Alsina es la calle en la que se localiza una de sus sedes.

P. llega a la puerta con los rumores sobre los despidos rondándole en la cabeza. Días atrás, Liliana Piñeiro, Directora Nacional de Museos, había renunciado porque le habrían pedido que se haga cargo del despido de 500 trabajadores del ministerio. El rumor era que los despedidos serían quienes hubieran ingresado al ministerio en el último año. Por eso P. suponía que no tendría problemas, ella trabajaba allí incluso antes de la creación del ministerio, cuando aún era la Secretaría de Cultura de la Nación.

En 2014, la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, había creado el Ministerio de Cultura, cambiando el rango de la histórica secretaría. Esta decisión serviría para adecuar el estatus burocrático a un nuevo tipo de trabajo en el sector, creando nuevas dependencias y funciones, jerarquizando las tareas. Es por ello que muchos trabajadores se han incorporado como personal de la nueva unidad en el último año y medio.

F. supone que él estará inexorablemente entre los despedidos. Ingresó en 2015 como reemplazo de un trabajador que renunció a su cargo y cumple regularmente esa tarea, para la que fue elegido por su experiencia en la materia. Su desempeño siempre fue reconocido, por jefes y compañeros, pero desde el comienzo de la nueva gestión había tenido en claro que quienes ingresaron en el último año difícilmente seguirían trabajando. Cada mañana F. se dice: “¿Qué culpa tengo yo de que mi antecesor renunciara en 2015 y no antes?”.

Para el Ministro de Cultura argentino, Pablo Avelluto, “el crecimiento fue algo completamente desmadrado, y no se verifica en ninguna escala de crecimiento de las actividades, ni en la transformación de la secretaria en ministerio que sucedió en 2014”, según declaró al diario La Nación. Sin embargo, se desmantelaron al menos 2 programas completos que funcionaban antes de ese año: el Cepia (Centro de producción e investigación audiovisual) y Ronda Cultural. Esto demuestra que tras la supuesta eliminación de la “grasa estatal” que representa el empleo público, según afirmó el ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay, se esconde la destrucción sistemática del Estado como articulador esencial de la producción y el acceso igualitario a la cultura. Los despidos combinan reducción masiva e irracional del personal estatal para reducir el gasto público, persecución ideológica (en varias áreas del Estado, a los trabajadores se les ha reclamado en entrevistas personales que mostraran a superiores o asesores de estos su actividad en las redes sociales) y desmantelamiento de áreas que el nuevo gobierno ha decidido abandonar por decisión política.

A medida que los empleados llegaban a su lugar de trabajo debían consultar, a través de una reja cerrada, a un empleado de una empresa de seguridad privada contratada para estos fines, si podía o no ingresar al edificio. Este hombre, a quien acompañaban varios agentes privados y algunos miembros de la Policía Federal, consultaba una lista —que nadie sabe quién confeccionó y en la que nadie puso su firma al pie— para ver si el empleado estaba incluido. Excluido, mejor, porque quien fuera parte de esa nómina no podía ingresar a trabajar. No había allí ninguna comunicación formal, ni tampoco una palabra sobre los motivos o los modos de resarcimiento. El trabajador no era formalmente despedido, pero tampoco se le permitía entrar a trabajar. Ninguna autoridad se hizo presente ni asumió la responsabilidad del hecho. La cantidad de empleados despedidos corresponden a más del 15% de los trabajadores de la administración central del ministerio.

El mismo día en que se conocieron los despidos, el viernes 29 de enero de 2015, los trabajadores se organizaron para marchar en reclamo de la reincorporación de todos los afectados. Y contaron para la movilización con el apoyo de ATE, una de las organizaciones sindicales que agrupa a los trabajadores estatales de Argentina. (O)

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