Escribo desde la indignación, 324 seres humanos encarcelados en el país han sido asesinados este año debido a la ineficacia y complacencia del Estado. Son vidas desechables que parecen no importar, pero ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué razones se encontraban ahí? ¿Cuántos de ellos tenían sentencia? Es importante rescatar sus nombres, reconstruir sus fracasos y sus proyectos de vida truncados.
Luego de la declaratoria de estado de emergencia las masacres carcelarias han continuado. Apenas ayer fueron asesinadas aproximadamente 68 personas mientras el presidente y su séquito, incluido el señor Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas, festejaban en una velada con marines norteamericanos. No hubo un gesto de empatía, aunque sea para la foto, podían abandonar la farra y tomar a cargo la situación, no. La desidia ha hecho que se instale el silencio y que la violencia no sea solo por la barbaridad de una masacre transmitida por redes sociales, sino por un Estado y un gobierno incapaz de enfrentar sus obligaciones. Es cierto que esto viene de gobiernos anteriores que permitieron el ingreso del narcotráfico como ha ocurrido en otros países, pero tanta incompetencia sale a flote hoy. El gobernador y el responsable de la SNAI deberían renunciar y ocupar esos cargos personas comprometidas y con conocimiento de lo que ese trabajo implica.
Quienes pagamos impuestos lo hacemos, entre otras cosas, para financiar la seguridad interna, es decir tanto la policía e instituciones públicas como la SNAI, el servicio para personas privadas de libertad. Sin embargo, en este caso tenemos una crisis prolongada sin visos de solución, y en la práctica se instala peligrosamente la pena de muerte en el país. Se pactó con una de las bandas y se liberaron líderes ¿Fue esta la estrategia más adecuada, si a pesar de ello los problemas continúan? ¿Vamos a presenciar impávidos como continúan las masacres hasta que desaparezca el último preso?
Es necesario que la sociedad se organice ante la inacción de un gobierno que, como queda demostrado, no sabe cómo actuar. Se requiere el involucramiento de organizaciones de derechos humanos, de la academia, de redes organizativas para levantar una plataforma de acción desde la sociedad civil organizada, a fin de elaborar propuestas coherentes y socializadas.
