En una democracia madura, las preguntas de una eventual consulta popular serían el resultado de un profundo proceso de reflexión. Sin embargo, cuando no existe un sentimiento real de conciencia, esta herramienta de democracia directa puede traducirse en una oferta populista que, indudablemente, no resolverá los problemas del Ecuador.
¿Está usted de acuerdo con el libre porte de armas? ¿Está usted de acuerdo con reducir los asambleístas? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la función de transparencia y control social? ¿Está usted de acuerdo con limitar actividades productivas relacionadas con recursos naturales? ¿Está usted de acuerdo con la extradición? En suma, ¿Está usted de acuerdo con convertirnos en el paraíso? Este tipo de obviedades no son preguntas sino populismo que se aprovecha de la desperación, el miedo y la incertisumbre en la que vive la población. Sin duda, es también una poderosa herramienta de marketing político que se posiciona antes de cumplir los requisitos legales necesarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Por esta razón, posiblemente lo más saludable no es repensar preguntas sino evaluar si verdaderamente una consulta popular es lo que necesita el país. Un proceso de esta naturaleza, supone destinar importantes recursos económicos que se podrían justificar si el resultado vendría acompañado de soluciones. Sin embargo, ese no es el caso y después de aplaudir, por ejemplo, la aprobación del “libre porte de armas” vendrá el ¿cómo? ¿cuándo? ¿en qué situación?; un sinnúmero de preguntas que requerirán otro ángulo de análisis o es que acaso buscamos andar jugando al “viejo oeste”. Otro asunto fundamental es definir si todos los temas de interés actual se pueden preguntar y si a través de consulta popular es posible modificar la estructura del Estado.
Por lo expuesto y si lo que se ha identificado, en los últimos meses, es un problema estructural del Estado y sus funciones se debería también evaluar con seriedad la vía constitucional idónea para corregir ese problema y no aventurarse a “vender” un mecanismo que nisiquiera ha pasado el filtro de la Corte Constitucional. En cualquier caso, tenemos una Corte Constitucional con altísimo grado de sensatez jurídica y agudeza intelectual que seguramente modulará cualquier pregunta que se oponga al ordenamiento jurídico.
En suma, conceptualmente no hay oposición a una eventual consulta popular pero sí al populismo político pues la gente honesta, trabajadora y que quiere vivir en paz lo que busca que le pregunten es ¿cómo construir empresa? ¿cómo mejorar procesos? ¿cómo acceder a créditos? ¿cómo generar empleo? ¿cómo vivir en un país más seguro? Empecemos a ser más pragmáticos, más humanistas, dejar el discurso, abrir los ojos y mirar al futuro pues el pasado no se puede cambiar. Ahora sí, ¿Qué nos van a preguntar?
